Mérida, Yucatán.- Ante el intento de despojo de sus unidades y la falta de garantías para prestar servicio de transporte, integrantes de Mototaxis Ecológicos del municipio de Kanasín (MEKY) denunciaron “represión y persecución” del alcalde de esa localidad, William Román Pérez Cabrera.

El dirigente de la agrupación, Humberto Canul Pinzón, varios de los 180 afectados realizaron una caravana desde esa ciudad, conurbada con Mérida, y luego se manifestaron frente a la sede del Ejecutivo local.

En el último sitio, aseguraron que han sido amenazados por el edil priísta de que les serán confiscados sus vehículos (por no alinearse), lo que dañaría la fuente de ingreso y de sustento para igual número de familias.

Declararon trabajar con temor dado que la mayoría no tiene las licencias y las placas que demandan a la autoridad municipal para operar legalmente.

Unos 20 operadores de mototaxis se plantaron en la plaza principal de Mérida, algunos con esposas e hijos, para exigir mediante carteles sea reconocida su organización y reciban los permisos oficiales, ya que están constituidos legalmente desde 2015.

Informaron que el alcalde Pérez Cabrera sólo reconoce a la asociación recién creada por Luis Rosales, también denominada Cooperativa Mototaxis Ecológicos AC (MEKY), que “usurpa” nombre, funciones y representatividad.

Canul Pinzón mostró copias de actas de asamblea con la destitución, por irregularidades, del anterior líder Luis Rosales –en septiembre de 2017–, de lo que notificaron en diversos oficios al actual presidente municipal de Kanasín.

Sin embargo, explicó, dado que Luis Rosales colaboró en la campaña política de William Pérez Cabrera, éste procedió al pago de favores políticos: desconoció a la constituida en 2015 y otorgó validez a la formada en 2018.

Refirió que el actual alcalde de Kanasín ya ha distribuido unas dos mil licencias y placas a seis cooperativas, y advirtido a los demás mototaxistas que, de no sumarse a éstas, serán retiradas sus unidades.

Canul Pinzón alegó desconocer la causa por la cual la autoridad municipal no reconoce ni la cooperativa legalmente creada desde 2015 ni a los integrantes de la misma, que demandan placas y licencias para dar servicio y sostener a sus familias.

(Jesús Mejía)