Mérida, Yucatán.- Organizaciones de la Sociedad Civil criticaron las sentencias que emitió en 2018 los poderes judicial de siete estados del país, entre ellos el de Yucatán, ya que ninguna se expidió con perspectiva de género y predominó la discriminación y el refuerzo de la violencia.
En lugar de proteger, abandonan; vez de juzgar, discriminan; en lugar de garantizar derechos, toleran la violencia, especialmente contra las mujeres, todo ello en un contexto de impunidad que refuerza la discriminación y la violencia, asentaron en el análisis y estudio “No es justicia si discrimina”.
“No hay ejercicio proactivo del Poder Judicial para poner al alcance de la ciudadanía el trabajo que hacen, no están juzgando con perspectiva de género a pesar de que han firmado compromiso y tienen la obligación legal de hacerlo”, expuso Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa (UNASSE).
Mencionó que dicha evaluación fue determinante sobre 110 sentencias obtenidas de siete estados (Oaxaca, Tlaxcala, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Campeche y Chiapas), de las cuales el 55 por ciento eran del ámbito penal y 35 por ciento del fuero familiar; el resto fueron mercantil, civil y constitucional.
En el caso de las sentencias del fuero familiar el 38 por ciento eran solicitudes de pensión alimenticia; 15 por ciento de casos de divorcio; 32 por ciento sobre guarda y custodia o patria potestad de hijas/os, y en el 7 por ciento estaban involucradas personas con discapacidad.

En las sentencias del fuero penal analizadas, el 42 por ciento implicaron violencia sexual, violaciones, abuso, estupro, trata, entre otros, y 25 por ciento eran conductas que afectaban la vida o la integridad de niñas, mujeres o adolescentes, feminicidio, homicidio, violencia familiar, lesiones, o robo.
Fátima Gamboa, coordinadora jurídica de Equis Justicia para las Mujeres, planteó que en 80 por ciento de los casos las personas juzgadoras analizaron las situaciones de violencia contra las mujeres de manera aislada, y no como parte de una problemática social basada en la discriminación por motivos de género.
Además, en 47 por ciento de estos, las personas juzgadoras no valoraron las situaciones de violencia, que se advertían de manera explícita en el relato de las mujeres.
De 110 sentencias, en 100 cuando menos se habría requerido la perspectiva de género para obtener una solución que protegiera mejor a las personas involucradas (compensar situaciones de desigualdad, atender relaciones asimétricas de poder, tomar medidas frente a violencia de género, etcétera), abundó.
En 2018 –continuó–, el 45 por ciento de los mexicanos confiaban poco o nada en los jueces, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública, por lo que consideró necesario revertir esa situación enfocando el trabajo en velar por una mejor procuración de justicia.
Para ello, presentó una propuesta de integración y operación de una Red por la Ciudadanización de la Justicia encaminada a constituir en fuerte aliada de los poderes judiciales, y que se apoyen en ella para detectar los principales desafíos a los que se enfrenta la ciudadanía.

(Jesús Mejía)