Mérida, Yucatán.- Pese a que Yucatán es de los estados con baja percepción de corrupción, el índice de impunidad de delitos o conductas ilícitas cometidos sin sanción alguna es de los más altos del país, de acuerdo con indicadores de la Universidad de Las Américas de Puebla.

El problema de la impunidad campea en toda la República de tal suerte que el Estado de México se encuentra a la cabeza con un 80.0 de índice y en contraste con Campeche que registró 45 puntos, en tanto que Yucatán se sitúa en la tabla media, en el lugar número 15 con 71.6 de prevalencia de ese flagelo.

Lo anterior son datos del Indicador IGI Mex 2018 de la citada institución presentados por Marina Alicia San Martín Rebolledo, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en reunión con homólogos de Yucatán.

Impunidad es la ausencia –de hecho, o de derecho– de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción tipificada en las leyes, aclaró.

Los indicadores de impunidad se basan en datos sobre eficacia en el combate a delitos y atención a víctimas en el sistema de justicia, como en seguridad y los derechos humanos, planteó la ponente en un encuentro con colegas y ex consejeros de dicho organismo a propósito del 15 aniversario de fundación del INAIP Yucatán.

Adicional a ello, San Martín Rebolledo aportó que el Índice de Impunidad Global de 2017 arroja que de 69 países medidos, México ocupó la cuarta posición (69.2 puntos sobre 100 de máximo nivel de impunidad), apenas superado por Filipinas (75.6), India (70.9) y Camerún (69.3)

Por el contrario, un estudio de percepción sobre la frecuencia de corrupción ubicó a Yucatán como bien calificado sólo después de Querétaro, reportó Paulina Vallejos, directora de Desarrollo y Evaluación de Políticas Anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

De acuerdo con esto, las 10 entidades más corruptas son la Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México, con parámetros de percepción que alcanza hasta el 95.1 por ciento de sus poblaciones.

Las menos corruptas, según ese análisis, además de Querétaro y Yucatán, le siguen Hidalgo, Aguascalientes, Tamaulipas, Campeche, Quintana Roo, Coahuila Puebla y Baja California Sur con un puntaje ligeramente superior del 73.3 por ciento que ostenta el primer lugar.

La corrupción es entendida como el abuso de cualquier posición de poder, pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual, recalcó la expositora.

De acuerdo en el INEGI, después de la inseguridad y la delincuencia, que para el 66 por ciento de los mexicanos es el problema más importante, la corrupción es lo que más preocupa, seguido del desempleo con 41 por ciento, la pobreza 36 por ciento y el mal desempeño del gobierno con un 35 por ciento.

Vallejos citó que en esta administración federal el SNA cuenta con cuatro ejes estratégicos para avanzar en el combate a la corrupción, relacionados con denuncias y sanciones a faltas administrativas, procuración e impartición de justicia y profesionalización del servicio público, además de contar con procesos institucionales en la planeación, presupuesto y ejercicio del gasto público.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, reconoció que deben perfeccionarse las leyes anticorrupción, ya que los procedimientos han abierto posibilidades de prácticas indebidas y mencionó el caso del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien durante su gestión fue señalado como el mejor mandatario del país en el ejercicio de transparencia.

Todos los reportes de adquisiciones y compras fueron publicados durante su gobierno ante el INAIP estatal y federal, el problema, dijo, es que muchos de sus proveedores no existían o el inmueble de la razón social y domicilio fiscal eran inexistentes.

Ángel José Trinidad Zaldívar, ex consejero del IFAI, expuso que hay información patrimonial disponibles, así como los datos de los ejercicios de recursos públicos, el reto actual, apuntó, es cruzar, cotejar los datos con la Secretaría de Hacienda y otros órganos de control y se encontrarán irregularidades.

(Jesús Mejía)