Mérida Yucatán.- Es impostergable rescatar de la inminente quiebra al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de Yucatán (ISSTEY) y luego investigar a los responsables del desfalco y la crisis económica en que se encuentra, planteó el presidente de la Canaco-Servytur, Michel Salum Francis.

El titular de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco-Servytur) reconoció que el quebranto fue generado en el gobierno anterior, por lo que sus responsables deberán ser investigados; sin embargo, dijo, lo inmediato es el rescate financiero de la institución y con ello salvaguardar los recursos de los burócratas.

La quiebra técnica está prevista para el 2021 y si no hacemos lo necesario para resolver la crisis, estarán en juego las prestaciones, jubilaciones y pensiones de los trabajadores del estado y los municipios, advirtió en entrevista.

“Ni siquiera recuperando los recursos faltantes o sustraídos ilegalmente de la institución alcanzarían a resolver la crisis del sistema, de ahí la necesidad de que el Congreso del Estado y el Gobierno tomen las medidas necesarias para resolver esa situación”, recalcó.

Además del inminente quebranto anunciado, el ISSTEY forma parte de las irregularidades financieras detectadas el año pasado en unas 20 dependencias de la administración estatal pasada.

El faltante, de acuerdo con lo informado por la contralora general, Lizbeth Basto Avilés, es de un total de 533 millones de pesos, que dieron lugar a seis denuncias de hechos de los que se busca fincar delitos a quienes resulten responsables.

En cuanto a los ambulantes en la zona arqueológica de Chichén Itzá, el presidente de la Canaco-Servytur insistió en la necesidad de una depuración de los vendedores, en la que se brinde atención a los verdaderos artesanos y desalojar a los informales.

Sostuvo que la presencia de los dos mil oferentes afecta la imagen de Yucatán al exterior, por lo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), apuntó, es el principal responsable de esta situación.

El INAH, añadió, tiene a su cargo las rejas del sitio arqueológico, mediante las cuales dejó entrar a los vendedores, a los que se les cobra una cuota –no precisó quién– de cinco dólares al día.

(Jesús Mejía)