Ixil, Yucatán.- La Procuraduría Agraria (PA) ha iniciado 52 juicios de nulidad de asambleas fraudulentas para la recuperación de tierras en Yucatán, a partir de denuncias presentadas por ejidatarios, y otros siete se encuentran en proceso.

El titular de la dependencia, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, expresó interés y compromiso de acompañar a los campesinos que se sientan afectados.

Además, ofreció apoyo con asesoría y presencia física de funcionarios, así como la llegada de programas sociales para que la gente se convenza de que no necesita vender la tierra para tener bienestar.

“Y les expresamos nuestra voluntad de responder a su llamado para iniciar los procesos de rescate del territorio. Nadie por encima de la ley”, afirmó durante una reunión oficial.

En el acto de “Defensa del Territorio Maya”, explicó que no sólo se trata de agricultura o desarrollo forestal, sino que es tierra, agua, selva, bosque, biodiversidad y conocimiento tradicional.

“Son lugares sagrados y es la fuerza moral e histórica de los pueblos; por eso nos acompañan hoy siete dependencias del gobierno federal para poder avanzar con ustedes no sólo en el rescate del territorio sino en generar condiciones de su aprovechamiento sustentable”, dijo en su intervención.

En entrevista posterior, el procurador habló del caso específico de Ixil, en donde una parte de los habitantes pretende detener la privatización de cinco mil hectáreas del ejido y convertirlo en tierra comunal.

“Tienen ellos…, es una decisión de asamblea. Si se ajusta a derecho y cumple con las condiciones van a poder hacerlo y los vamos a asesorar para que sea correcto.

“Y está abierto a todos los ejidos mayas para regresar a ser comunidades que nunca tuvieron ese reconocimiento jurídico”, respondió.

Por separado, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, comprometió la defensa de las comunidades y los ejidos de “intereses externos”, en un contexto de quejas por despojos.

“Hay varios reportes que estamos trabajando en colaboración con el Registro Agrario Nacional (RAN), con la Procuraduría Agraria; estamos conformando una estrategia no sólo en la península, sino en las dos penínsulas que tiene México”, reveló.

Evaluó que son casos “muy similares”, al igual que otros a nivel nacional, y garantizó que no se permitirá más despojos. Sin embargo, no fijó plazo para ver resultados.

“Este es un proceso que estaremos trabajando a lo largo del sexenio; tenemos un plan, estamos por iniciarlo, lo vamos a presentar al presidente, un proceso, un plan para poder defender su territorio”, agregó.

El titular de Sedatu aclaró que cada caso tiene un camino distinto, por lo cual se hace un análisis con la PG y el RAN, en vínculo con estados y municipios y las propias autoridades ejidales y comunales.

En la ceremonia, una investigadora social reprochó la lucha desigual entre acaparadores ricos y poderosos “que no tienen llenadera” y que no se detiene hasta la fecha.

Igual, recriminó la muerte de 11 miembros del Congreso Nacional Indígena en lo que va del actual gobierno federal “que ha ofrecido un cambio, pero que con estos asesinatos no creemos”.

En el evento, con presencia de ejidatarios Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se registraron altercados entre bandos con intereses encontrados.

Los reclamos y protestas de varios grupos, con pancartas y mantas, opacaron los discursos. Incluso se registraron empujones y discusiones en pleno protocolo.

(LectorMx)