Mérida, Yucatán.- Representantes de organismos no gubernamentales advirtieron que en Yucatán no se puede hablar de un estado seguro mientras persista la simulación de “aquí no pasa nada” y prosigan las violaciones a los derechos humanos.

Renata Demichelis, coordinadora de la oficina para México de Elementa; Ángeles Cruz Rosel, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Facultad de derecho de la UADY, y el activista Carlos Escoffie, recalcaron que la reiteración del concepto de “Estado seguro” impide visibilizar las transgresiones a las garantías elementales.

Según Demichelis, persisten violaciones a los derechos en lo referente al acceso a la procuración de justicia, despojo territorial de pueblos mayas, violencia de género, detenciones arbitrarias y torturas en cárceles municipales, así como contaminación de cenotes y discriminación a la población LGBT, entre otras.

Los tres dieron a conocer de manera pública el estudio “Derechos humanos en contexto. Aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil en Yucatán”, que fue resultado de un trabajo de investigación y análisis con datos oficiales y estadísticos que arrojan las principales problemáticas que existen en Yucatán en derechos humanos.

El diagnóstico, que se realizó con apoyo del programa de América Latina del Centro Carter en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, revela la carencia en Yucatán de una política estatal en la materia.

Se trata, explicó Renata Demichelis, de diseñar e implementar una política integral de derechos humanos que atienda no sólo de manera preventiva sino que visibilice las violaciones a las garantías elementales y promueva la aplicación de la ley.

Pese a que Yucatán es una de las 29 entidades que cuentan con una ley específica para prevenir y eliminar la discriminación, dijo que en los hechos existe un atraso, ya que a nivel federal esta entidad federativa ocupa el noveno lugar, entre las de mayor prevalencia de discriminación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el 21 por ciento de la población yucateca de 18 años y más declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal en el último año, sobre todo en la calle, la escuela y el trabajo.

Además prevalecen actitudes discriminatorias que corresponden a valores conservadores como que el 64.3 por ciento de la población declaró que justifica poco o nada que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja.

Las causas de discriminación tienen que ver con el origen indígena, homosexual o gay, homosexual o lesbiana, el color de la piel, ser persona adulto mayor, hablar maya, la estatura, la religión, el ser mujer y portar la vestimenta típica de Yucatán o hipil.

Al mismo tiempo se alude a que la Comisión local de Derechos Humanos (Codhey) registró el año pasado 215 quejas por detenciones arbitrarias o ilegales y 187 por lesiones cometidas por agentes de seguridad pública, lo que derivó en 18 recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

Violaciones al derecho a la libertad personal, derivado de detenciones ilegales y o arbitrarias, de las cuales la gran mayoría presentan violaciones al derecho a la integridad personal como consecuencia de actos de tortura, así como tratos crueles inhumanos y degradantes, resumió entonces la Codhey sobre el actuar de la policía en más del 55 por ciento de las quejas presentadas en contra de la corporación.

Por su parte, el Índice Global de Impunidad 2018 colocó a Yucatán en el lugar 18 dentro de la categoría impunidad alta, ya que de las 8 mil 176 averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas, sólo 987 se integraron en procesos penales, es decir, el 12 por ciento.

De los 34 mil 716 presuntos delitos en el estado en los que se tuvo noticias sólo 108 concluyeron con sentencia, equivalente al 0.3 por ciento.

En impartición y procuración de justicia en las comunidades de maya hablantes, el sistema ha sido acotado desde los mandos altos del gobierno hasta llegar a ser una justicia que no sólo no responde a las necesidades de esos pueblos, sino que las ha despojado por completo de sus formas de hacer justicia y de acceder a ella.

Los declarantes mencionaron que son recurrentes las quejas de la comunidad LGBT por discriminación, al igual que el despojo de propiedades a campesinos.

(Jesús Mejía)