Mérida, Yucatán.- Como un ejercicio ejemplar e inédito de participación ciudadana, 85 alumnos de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) presentaron una iniciativa de Ley de Desarrollo Social.

La propuesta tiene como finalidad brindar condiciones justas, privilegiar la participación ciudadana e implementar una planeación que garantice el acceso a una vida digna de la población marginada.

Conforme a la legislación vigente desde 2007, que prevé las figuras de plesbicito, referéndum e iniciativa popular, el documento fue entregado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).

El paquete incluye seis mil 101 firmas de ciudadanos de los municipios de Cenotillo, Valladolid, Ticul, Progreso, Izamal, Tixkokob, Tekax, Oxkutzcab, Chumayel, Conkal y Tizimín, así como de otras facultades y preparatorias de la UADY.

En lo particular se abarcaron regiones que enfrentan pobreza y extrema pobreza.

Los estudiantes Mauricio Cupul, Cecilia Patiño, Joel Martínez y Manuel Leyón explicaron los alcances de su proyecto elaborado durante aproximadamente cinco meses y que comenzó desde generaciones anteriores.

Asumieron que una política integral de desarrollo social debe garantizar el acceso a educación, salud, fomento al empleo, erradicación de la pobreza, desarrollo económico, garantizar alimentación de calidad y la igualdad de derechos.

Por ello, plantean la creación del Programa Estatal de Desarrollo Social, basado en un diagnóstico general y en el que se aprecia que 40.8 por ciento de la población en Yucatán vive en pobreza y 6.7 por ciento en pobreza extrema, además de que el 33.3 por ciento son vulnerables por carencia sociales.

También sugieren establecer un Fondo de Contingencia Social; vigilancia ciudadana para garantizar que los recursos se apliquen de manera correcta, además de que el presupuesto a gasto social no sea menor al del año anterior.

De igual forma, asientan, se debe instaurar un Sistema Estatal de Desarrollo Social, que se encargaría de coordinar y mantener comunicación entre el gobierno del Estado y los municipios; dentro de este sistema, estarían la Comisión Intersecretarial de Desarrollo, el Consejo Consultivo y la Contraloría Social, con el fin de que tomen acuerdos y vigilen la distribución del dinero.

Además, se pretendería un Padrón Único de Beneficiarios, la declaratoria de los municipios por vocación económica, intervención y seguimiento de las personas privadas de su libertad y la regionalización del desarrollo social.

La Ley de Desarrollo Social, de ser aprobada, permitiría atender un rezago legal en la materia, ya que Yucatán es una de las cuatro entidades que carecen de una disposiciones que garanticen la permanencia de los programas sociales, así como los recursos que los sustentan destinados al combate de la pobreza y la pobreza extrema.

La presidente del Iepac, María de Lourdes Rosas Moya, refirió que es primera vez que se presenta una propuesta de ley general, toda vez que en años anteriores se recibió en cuatro ocasiones propuestas sólo de reformas.

La iniciativa será analizada por el Iepac para la validación de firmas y después será turnada al Congreso local para su dictamen y resolución.

(Jesús Mejía)