Mérida, Yucatán.- Representantes de los grupos Indignación y Guardianes de los Cenotes del municipio de Homún denunciaron maniobras jurídicas que calificaron como “chicanadas” y “trampas” de la megagranja porcícola en esa localidad para echar atrás la suspensión otorgada por un juez federal en octubre de 2018.
Lourdes Medina Carrillo, Orvelín Montiel Cortés y Jorge Fernández Mendiburu, abogados de Indignación, expusieron que la empresa Productos Alimentarios y Porcícolas (Papo) ha exhibido la vulnerabilidad del sistema judicial, al incurrir en acciones legaloides para contrarrestar la paralización total de sus actividades.
En rueda de prensa, informaron que personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno del estado acudió en septiembre pasado a realizar una visita a la megagranja de Homún y dio su aval a la planta de tratamiento de aguas negras.
Indicaron que este procedimiento es a todas luces ilegal, ya que un juez federal había ordenado la suspensión total de operaciones como medida precautoria, además de que esa dependencia no es competente para ese tipo de inspecciones y verificaciones.
“Hay que subrayar la responsabilidad del gobierno de Yucatán de continuar litigando indebidamente a favor de la empresa, puesto que para solicitar la revocación de la medida cautelar la megagranja alegó que su planta ya estaba ahora sí lista para funcionar y para ello presentó como prueba un acta de dicha Secretaría”, dijo Medina Carrillo.
El acto en cuestión, añadió, sólo determina que los componentes de la planta están ensamblados y en condiciones de funcionar, pero no es una prueba pericial y técnica para acreditar el funcionamiento óptimo de este sistema de tratamiento de aguas que garantice a la infancia de Homún un medio ambiente sano.
Dicho documento no incluye análisis para verificar la calidad del agua tratada que se verterá al suelo, por lo tanto no determinaría la eficacia de este sistema para evitar un desastre ecológico, por lo que hay colusión entre empresa y el gobierno del estado, recalcó la litigante.
El efecto de la suspensión otorgada por el juez, explicó, consiste en paralizar las operaciones de la megagranja, suspendiendo los efectos de todos sus permisos, entre ellos, la licencia de construcción de unidades de tratamiento de aguas residuales, para extraer agua del subsuelo y descargar aguas residuales, así como la Manifestación de Impacto Ambiental entre otros.
En otro punto, aseveró que la empresa nombró a Pedro Carvajal Jiménez, nuevo abogado, quien desde hace varios años lleva ante el Consejo de la Judicatura asuntos particulares de la juez Míriam de Jesús Cámara Patrón, y por lo cual ahora se alegan conflictos de interés.
De hecho, Carvajal Jiménez le recordó a la juzgadora el vínculo existente entre los dos y, por tanto, que debe declararse impedida de continuar.
Esto, afirmó, es una trampa de la representación legal de la empresa Papo que busca que el caso sea turnado a otro de los juzgados que sea más parcial a sus intereses.
En su oportunidad, José Clemente May Echeverría, de Guardianes de los Cenotes, mencionó que están a la espera de la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atrajo el asunto en agosto pasado.
Sin embargo, el ex alcalde adelantó que cualquiera que sea la determinación, el pueblo maya de Homún impedirá que opere dicha planta por constituir un riesgo para los cuerpos de agua de la región que forman parte del anillo de cenotes.
(Jesús Mejía)
