Mérida, Yucatán.- Académicos y líderes de colectivos de izquierda expresaron de manera abierta su rechazo al Tren Maya por considerarlo lesivo al medio ambiente, así como al proceso de consulta, ya que, afirmaron, viola los principios de participación de las comunidades en la toma de decisiones.

Criticaron en conferencia de prensa la falta de información específica sobre los impactos a las poblaciones y a la biodiversidad de la Península de Yucatán, así como la violación al derecho a la libre autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado.

En general plantearon que el Tren Maya busca favorecer intereses empresariales, grandes negocios de infraestructura hotelera, campos de golf y desarrollos turísticos más que a los habitantes originarios de los cinco estados que abarca el circuito.

Alberto Rodríguez Pisté, del Consejo Maya del Poniente Yucatán Chik’in-já, y Bernardo Caamal Itzá, de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, cuestionaron la falta de representatividad de pueblos mayas en las pasadas asambleas del 29 de noviembre en Tixpéual, Maxcanú, Pisté, Tunkás y Chichimilá.

Los representantes del Gobierno Federal no proporcionaron información suficiente y sólo buscaron la aceptación sobre el proyecto, además de que incurrieron en el acarreo de personas, particularmente de comisarios y autoridades municipales, expusieron.

“Había más funcionarios públicos que indígenas en dichas asamblea, en las que los representantes del proyecto no respondieron a preguntas y sólo dieron evasivas”, dijo Rodríguez Pisté.

“Esto atenta contra nuestra libertad de decidir, además de que hubo mala fe en la información al confundir al pueblo indígena y pedir la realización de un ritual maya de apoyo al proyecto”, comentó a su vez Caamal Itzá, a tres días de la votación respectiva programada para el próximo domingo.

La doctora Alejandra García Quintanilla, del Colectivo Popol Wuj, centró su oposición al megaproyecto ferroviario en el riesgo de afectación a los recursos naturales, particularmente la deforestación que implicaría a los árboles como fuente de humedad y de equilibrio atmosférico.

Luego de señalar que el 70 por ciento de los recursos naturales del país está en manos de los pueblos originarios, expresó que el proyecto sólo va a traer perjuicios al medio ambiente, así como “mala” calidad de vida y “malos empleos” a las poblaciones.

Rodrigo Patiño Díaz, del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav); Aurelio Sánchez Suárez, del Instituto de Investigaciones Sociales Hideyo Noguchi, y Rodrigo Llanes Salazar, observador ciudadano, coincidieron en que la consulta no cumple con el principio de buena fe, pues no hay información concreta, sino una fuerte manipulación para que los pueblos cedan sus tierras.

Los tres académicos mencionaron que sin contar con estudios de impacto ambiental y sobre los polos de desarrollo que se pretenden generar, y valiéndose de una fuerte campaña de promoción, el Gobierno Federal inició el pasado 15 de noviembre un proceso de supuesta consulta indígena.

Patiño Díaz ponderó que existe una discordancia entre los conceptos de desarrollo qué promueve el Gobierno Federal, pero al mismo tiempo la falta de información específica sobre el mismo.

“En el discurso oficial se anuncia que el proyecto del Tren peninsular está vinculado con programas de ordenamiento territorial y que generará un desarrollo equilibrado y sostenible mediante procesos de planeación con participación ciudadana.

“Sin embargo, en la práctica lo que sucede es que hay falta de análisis que incluya impactos acumulativos y sinérgicos de los diferentes tramos del tren, de sus polos de desarrollo y de esto con otros proyectos de infraestructura”, abundó.

“El pueblo maya ha estado diseñando esquemas de turismo rural y cultural basado en las necesidades comunitarias, que es un turismo de afluencia moderada no de vagones repletos”, advirtió en su oportunidad Sánchez Suárez.

En la rueda de prensa –que se convirtió más bien en asamblea, dado que las exposiciones de cada uno de los participantes fueron prolongadas–, se les requirió que, luego de las críticas y dudas al proyecto, ofrecieran un planteamiento propositivo o alternativo, el cual simplemente no lo hubo.

García Quintanilla sólo respondió que si bien el Tren Maya está orientado a impulsar el desarrollo del sur-sureste del país, son las propias comunidades mayas las que deben decidir sobre sus proyectos en una línea de decisión de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como actualmente ocurre.

El pronunciamiento sobre el “Tren Peninsular, mal llamado Tren Maya”, fue suscrito también por la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya, Articulación Yucatán y académicos en lo individual.

(Jesús Mejía)