Mérida, Yucatán.- Líderes de agrupaciones sociales informaron que promoverán revocación de mandato en contra de los 23 diputados del Congreso del Estado que aprobaron lo que llamaron “el atraco” referente al paquete fiscal y presupuesto de egresos 2020 en Yucatán.
Ademar Rodríguez, de Despierta Yucatán; Villevaldo Pech, del Consejo Nacional para la defensa de la Economía Social (Coneso), y Miguel Martínez, de Mexicanos Unidos A.C., expresaron su descontento con el actuar de los representantes populares.
Los diputados aprobaron impuestos y derechos a cargo de los ciudadanos, por lo que traicionaron a los electores, afirmaron.
Tras la aprobación de la Ley de Revocación de Mandato y Consulta Popular en la Cámara federal, los dirigentes decidieron recurrir a esa vía jurídica y política.
El procedimiento iniciará el próximo sábado con una manifestación frente al Palacio de Gobierno,y la recopilación de firmas necesarias para solicitar la medida en contra de los legisladores estatales.
Pese a ello, Pech Moo aseguró que la arremetida carece de tintes partidistas, y que sólo refleja el descontento e inconformidad de los ciudadanos.
En particular, aludió a los ajustes en el Impuesto al Hospedaje y el cobro especial del derecho para la infraestructura tecnológica de seguridad pública.
Pech Moo, quien recientemente ganó la posición de consejero estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la interna anulada por irregularidades, justificó la actuación para castigar a los 23 diputados.
Salvo dos Integrantes de Morena y uno del PRI, las demás fracciones del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Partido de Revolución Democrática y Nueva Alianza respaldaron las propuestas del Ejecutivo yucateco.
En rueda de prensa, los morenistas acusaron que el paquete fiscal afectará también a empresas y personas físicas en general que se dedican al giro de transporte de carga y descarga de mercancías, pues contiene aumentos considerables en los permisos de maniobra de carga y descarga en zona pública que se harán extensivos a las unidades mayores de tres toneladas.
Se quejaron, además, de las nuevas tarifas que aplicarán el Registro Público de la Propiedad y Comercio, así como el Catastro, en la regularización o trámites de inmuebles.
(Jesús Mejía)
