Chetumal, Quintana Roo.- Dos ex funcionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) fueron vinculados a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública y desvío de más de 743 millones de pesos.

El ex director general de ese organismo, Jorge Acevedo Marín, y el ex responsable de administración, Gerardo Vázquez Handall, están implicados en “La Estafa Maestra”, por el manejo irregular de recursos federales a nivel local durante principios de 2015 y finales de 2016, en la gestión de Roberto Borge Angulo.

Se trata del caso que involucra a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quien privada de su libertad enfrenta un proceso en la Ciudad de México.

Jorge “N” y Gerardo “N” comparecieron de manera voluntaria ante un Juez de Control del Poder Judicial, derivado de la carpeta administrativa 413/2018, por el delito de Desempeño Irregular de la Función Pública.

Además, el órgano garantizó la reparación del daño con el embargo de bienes, entre otras medidas cautelares.

Los ex servidores fueron señalados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) en calidad de coautores; en específico, por la celebración de 84 contratos de prestación de servicios con 37 proveedores en Quintana Roo, de los cuales sólo cuatro estaban registrados en el Padrón de Proveedores.

Dicho esquema fue utilizado para el posible desvío de recursos públicos de forma directa, es decir, sin emitir algún tipo de licitación, por lo que las órdenes de pago se realizaron de forma discrecional, sin tomar en cuenta la Ley Estatal de Adquisiciones del Estado de Quintana Roo.

A Jorge “N” se le acusa de celebrar los 84 contratos, tras desempeñarse como director del SQCS, mientras que Gerardo “N” dio el visto bueno y autorizó 104 órdenes de pago a los proveedores en cuestión, debido a que fungió como director administración de la misma dependencia.

El órgano jurisdiccional determinó que todos los elementos probatorios entregados por la Fiscalía Anticorrupción fueron idóneos y suficientes para poder emitir el fallo en esta etapa procesal, por lo que existe acreditación para poder continuar con el proceso.

Los imputados se presentarán periódicamente (cada mes) debido a que estarán sujetos a localizadores electrónicos que serán colocados en la Unidad de Medicas Cautelares (Umecas).

A Jorge “N” se embargarán cuatro predios situados en el municipio de Benito Juárez, así como ocho automóviles y una motocicleta.

A Gerardo “N” se dispuso el embargo de siete predios, en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, así como uno situado en la ciudad de Mérida, Yucatán. La medida incluyó tres vehículos en Quintana Roo y un automóvil de lujo con placas del Estado de Yucatán.

(Con información de FECC)