Por Adela Mac Swiney González

Madrid, España.- La Audiencia Nacional española confirmó hoy la extradición a México del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya para ser juzgado en su país por asociación ilícita, cohecho y operaciones con recurso de procedencia ilícita.

La Audiencia Nacional dio a conocer hoy el auto firmado por los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, José Antonio Mora Alarcón, José Ricardo de Prada Solaesa y María Fernanda García Pérez.

El auto señala que tras examinar el procedimiento, se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega y recuerda que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país y renunció al principio de especialidad (la prohibición de ser perseguido por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición).

Aunque la Audiencia Nacional hizo hoy público el procedimiento de extradición, éste fue aprobado el día 2 pasado, por lo que a partir de mañana podría viajar Lozoya a México, de acuerdo con los tiempos oficiales.

Los hechos por los que está reclamado en la primera causa indican que Lozoya, antes de ocupar el cargo de director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) propiedad del Gobierno de México, se comprometió con la empresa Altos Hornos de Méjico (AHMSA) representada por Alonso Ancira, “a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero, que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”.

De ese modo, continúa el escrito, entre junio y noviembre de 2012, AHMSA realizó 5 transferencias por importe de tres millones 400 mil 000 dólares a una cuenta bancaria en Suiza, a nombre de la mercantil Tochos Holding Limited, cuyo beneficiario era el reclamado, si bien sus acciones y activos los había traspasado a su hermana Gilda.

Las transferencias desde AHMSA a Tochos, que no mantenían relaciones ni vínculos comerciales, se efectuaron el 12 de junio y el 1, 9, 16 y 28 de noviembre. De acuerdo con la solicitud de México, desde el 4 de septiembre hasta el 20 de noviembre el reclamado formó parte del gabinete de transición del entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Además, entre noviembre de 2010 y diciembre de 2011 Tochos Holdin ingresó en distintas cuentas bancarias cuya titularidad correspondía al reclamado un total de 60 mil dólares “sin causa que justificase dichos pagos”.

Posteriormente, la misma empresa, ingresó en una cuenta a nombre de María del Carmen Ampudia un importe de dos millones 580 mil dólares señalando como concepto “Ladera num 20 casa 11 Col. Lomas de Bezares”.

Al día siguiente, el reclamado en calidad de comprador, adquirió dicho inmueble por la misma cantidad.

La resolución explica que en diciembre de 2013, en su calidad de director general de la empresa Pemex, Lozoya propuso al Consejo de Administración que la empresa Pro Agroindustria SA, filial de la paraestatal, comprase los activos de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, representada por Alonso Ancira.

Esto “pese a que los diversos informes desaconsejaban la compra, dado que la planta había permanecido inactiva durante 14 años, por lo que era necesario invertir una gran cantidad de dinero para que volviese a operar con normalidad”.

La compra se llevó a cabo estableciéndose como precio, excluyendo el valor del inmueble, la cantidad de 264 millones de dólares.

Debido a la deteriorada situación de la mercantil, apunta el texto, fue necesario llevar a cabo inversiones para su rehabilitación por valor de 450 millones de dólares, siempre según la reclamación de las autoridades mexicanas.

La segunda causa por la que Lozoya está reclamado señala que en el año 2009 aquel ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la empresa constructora Norberto Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios en dicho país.

En este caso, la Audiencia Nacional aplica el artículo 19 bis del Tratado bilateral en el que señala que “si el reclamado manifiesta a las autoridades competentes de la Parte Requerida que consiente en ser extraditado, dicha parte podrá conceder su extradición sin mayores trámites y tomará todas las medidas permitidas por sus leyes para expeditar la extradición, no siendo aplicable en estos casos la regla de especialidad”.

La víspera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló en Palacio Nacional que la extradición de Lozoya permitirá destapar a otros funcionarios implicados.

El 12 de febrero pasado, el ex funcionario mexicano fue detenido en Málaga, sur español, en una urbanización de lujo en la Costa del Sol, cuando ya era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

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