Mérida, Yucatán.- El Estado mexicano no debe estigmatizar a las víctimas de las desapariciones forzadas y, por el contrario, requiere mostrar voluntad política para resolver este tipo de pendientes en México, que son miles, afirmó la investigadora Silvia Soriano Hernández.
La especialista del Centro de Investigaciones para América Latina y el Caribe sobre el tema, planteó que el problema de la estigmatización es el de presumir vínculos de la víctima desaparecida con posibles delitos del fuero común o federal, lo que impide el esclarecimiento de los hechos.
Conforme a datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación, en México hasta el 31 de diciembre de 2019 la cifra era de 61 mil 637 personas no localizadas en el país.
El reporte incluyó todos los registros de desaparecidos de 1964 a 2019, que suman en 55 años 147 mil 33 personas, de las cuales 85 mil 396 (58 por ciento) han sido localizadas.
De 2006 a 2019 se registraron 60 mil 53 desapariciones de personas, en los períodos presidenciales de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y un año de Andrés Manuel López Obrador, mismas que representan el 97.43 por ciento de los pendientes de esclarecer.
Durante los primeros 13 meses de la actual administración federal se registraron cinco mil 184 casos de personas no localizadas, según la misma fuente.
En el foro “Desaparición forzada y memoria de las víctimas”, organizado por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM en Yucatán, Soriano Hernández indicó que las autoridades ministeriales muchas veces sugieren que las personas no encontradas huyeron de sus domicilios para buscar vida con otras parejas, pese a que existen elementos de desaparición forzada.
Estos fenómenos persisten desde la llamada “guerra sucia” en los años sesenta y, de manera más reciente, con los normalistas de Ayotzinapa.
“La ciudadanía, la gente en general, espera un cambio, sobre todo cuando hay un relevo de un gobierno federal de partido diferente al anterior”, puntualizó.
Refirió que en 2004 en la gestión de Vicente Fox se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para conocer los crímenes y violaciones a los derechos humanos en los años 60, 70 y 80.
Sin embargo, dijo, esa instancia no sirvió para nada, ya que fue un organismo burocrático.
Lo único positivo de esa experiencia es que salieron a relucir archivos que estaban reservados por el Estado mexicano, pero el problema es que esa instancia, en vez de coadyuvar, obstaculizaba las investigaciones, sostuvo la especialista.
(Foto: archivo)
(LectorMx)