Mérida, Yucatán.- Representantes de organizaciones sociales emergentes advirtieron que de mantenerse la actual Ley General de Aguas Nacionales continuarán en riesgo los sistemas kársticos y las aguas subterráneas en la península de Yucatán.

Xavier Martínez Esponda, director operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), expuso que el pasado 18 de este mes el diputado federal panista Mario Mata Carrasco propuso a la Comisión de Recursos Hidráulicos una iniciativa de reformas que no garantiza el derecho humano al agua.

La propuesta, que tiene el respaldo del presidente de dicha instancia, Feliciano Flores Anguiano, del partido Morena, no visibiliza, dijo, el manejo integral de la cuenca y mucho menos los ecosistemas, y sí mantiene el actual sistema de concesiones.

“Nos preocupa los sistemas hídricos de la península de Yucatán. Si se mantiene el esquema actual, la contaminación y la destrucción de ese acuífero seguirán sucediendo y en un contexto de crisis climática eso es inaceptable”, recalcó en rueda de prensa vía digital.

El especialista señaló que la nueva legislación que se pretende imponer en la Cámara de Diputados está en contraposición a la propuesta de ley que garantiza el derecho humano al agua y su sustentabilidad en un contexto pluricultural en lo étnico y social.

Según estimó, esos legisladores pretenden hacer a un lado la propuesta ciudadana sustentada en cerca de 35 foros, congresos y reuniones efectuadas con una amplia participación de organizaciones sociales y ciudadanos, que establecen como principio el acceso equitativo al recurso.

El tema de apostar a mantener la actual Ley de Aguas Nacionales es dar continuidad un modelo de gestión que ha demostrado ser insostenible y violador de los derechos humanos, remarcó Martínez Esponda en pronunciamiento “No a la Ley Mata-Flores”.

Al respecto, Maira Olivo Paz, coordinadora de Pueblos Indígenas por la Defensa del Agua, declaró que la propuesta legislativa está orientada a un uso utilitario y privado del recurso sin garantías para los pueblos originarios en cuyos territorios se encuentra la mayor parte de las cuencas.

La también activista del Centro de Derechos Humanos Indígenas Flor y Canto precisó que en el país existen 68 comunidades étnicas que concentran casi la mitad de las cuencas y recursos de agua más importantes del país, de las que se han otorgado unas 78 mil concesiones de aguas nacionales sin consulta o aprobación previas.

Gustavo Lozano, de Acción Colectiva Socioambiental A.C., recordó que la actual ley se creó en 1992 en el contexto del inicio “del periodo neoliberal que tanto daño ha causado al país”.

Comentó que la propuesta del PAN-Morena es” un madruguete” de la Comisión de Recursos Hidráulicos y tiene que ver con mantener y apuntalar un sistema que beneficia a pequeños grupos, pero muy poderosos, porque es sabido que quien controla el agua controla la vida.

(LectorMx)