Mérida, Yucatán.- Representantes de pueblos y comunidades mayas y defensores jurídicos pidieron a las autoridades federales acatar las resoluciones emitidas ayer por el Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en Mérida, que concedió suspensiones provisionales a tres solicitudes de amparo, lo que implica detener las obras de construcción del tramo 3 del Tren Maya.

Defensores jurídicos del grupo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C. informaron que la protección provisional es por daños al medio ambiente y la deforestación que provoca el megaproyecto en perjuicio de actuales y futuras generaciones.

Jorge Fernández Mendiburu y José Orvelin Montiel Cortés explicaron los tres recursos fueron presentados el pasado 20 de enero por líderes de 17 pueblos y comunidades de los alrededores del trayecto de 172 kilómetros de Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán.

Los abogados interpretaron, sin embargo, que la resolución judicial se dio en términos generales y no específicamente para el tramo 3, el cual se encuentra adjudicado a las empresas Construcciones Urales S.A. de C.V., Gami Ingenería e Instalaciones S.A. de C.V. y Azvi S.A.U.

Con ello suman nueve los amparos interpuestos por las obras ferroviarias y ocho las suspensiones provisionales concedidas.

De estas últimas, cuatro son en Yucatán, tres en Campeche y una más en Palenque, Chiapas. En cuanto al restante, jueces de Quintana Roo están por resolver la competencia.

Fernández Mendiburu planteó que las autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) deben detener la construcción del Tren Maya conforme al ordenamiento del juez federal y no caer en la simulación y decir que sólo realizan mantenimiento.

Precisó que los tres juicios de amparo impugnaron la constitucionalidad de la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a favor de Fonatur, bajo tres argumentos fundamentales:

a) La violación al derecho a la información, puesto que las comunidades indígenas a las que pertenecen los quejosos no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la manifestación de impacto ambiental, es decir, a la información sobre los diversos impactos ambientales locales y regionales que el proyecto denominado tren maya acarreará para el medioambiente y el territorio de esas comunidades

b) La violación al derecho de información a las comunidades afectadas tuvo como consecuencia la vulneración de su derecho a la adecuada participación de estas en la determinación de las implicaciones e impactos ambientales derivados del megaproyecto del tren maya, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

c) La omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionándolo por tramos, es decir donde se determinaran los impactos acumulativos y sinérgicos o residuales ocasionados por el proyecto denominado tren maya en su totalidad, y no de manera fraccionada como se ha hecho.

Respecto a la posibilidad de contar con la suspensión definitiva, los voceros del Grupo Indignación indicaron que los días 22 y 26 del presente mes se llevarán al cabo las audiencias incidentales, toda vez que la contraparte colocará los recursos que a derecho le competen.

A su vez, los representantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíinbal” y del colectivo “Chuun t’aan Maya” de Yucatán rechazaron los argumentos oficiales de que son organizaciones ajenas a la región sureste las que interponen los recursos jurídicos.

Joaquín Chan y Guadalupe Chan, miembros de esas agrupaciones, aseguraron que los recursos jurídicos fueron elaborados y promovidos por los pueblos mayas, ya que les han sido violados sus derechos a ser informados, así como de autodeterminación y defensa de sus legítimos intereses.

El primero refirió que, a 25 años de la celebración de los acuerdos de San Andrés Larráinzar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gobierno federal prosigue con su política de manipulación y transgresión de los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas.

(Foto: archivo)

(LectorMx)