Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) se mantienen en Yucatán como las más denunciadas por violaciones a los derechos humanos.

Ambas corporaciones encabezan la lista de 62 autoridades señaladas y les siguen la Secretaría de Educación estatal, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la Secretaría de Salud y los Ayuntamientos de Kanasín, de Celestún, de Mérida, de Progreso y de Valladolid.

Así lo asentó el Informe Anual de Actividades 2020 del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana.

En su comparecencia ante el pleno de la 62 Legislatura, el funcionario indicó que el año pasado se emitieron 30 Recomendaciones a 20 autoridades distintas.

De éstas, 13 correspondieron al titular de la SSP, Luis Felipe Saidén Ojeda, tres al presidente municipal de Umán, dos al Cabildo de Izamal y dos a la FGE.

Durante la tramitación de las quejas, 54 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados, con amonestación o una suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta la baja definitiva del cargo, según la violación cometida.

Sabido Santana explicó que se interpusieron 12 denuncias en la FGE por actos que además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían posibles hechos delictivos.

De acuerdo con el documento entregado a los legisladores, durante 2020 se recibieron dos mil 679 solicitudes de intervención, un promedio de casi 8 solicitudes de servicio diarias; de las cuales mil 367 fueron de la competencia de la Codhey y las restantes orientadas y canalizadas a las instancias competentes.

En ese lapso, se dictaron 202 medidas cautelares a 58 autoridades, de las cuales 99 fueron aceptadas, 31 no y en 72 no se tuvo respuesta, lo que representa el 49 por ciento de aceptación.

Sin embargo, la Codhey no precisó resultados de las “supervisiones” efectuadas en los filtros sanitarios y de reducción de la movilidad de la SSP y de las Direcciones de Policías Municipales, en Mérida y otros municipios con motivo de la pandemia.

Luego, adelantó que entregará la iniciativa de Ley para la Operación de Albergues, Centros Asistenciales y sus Similares del Estado de Yucatán, elaborada en conjunto con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y que tiene como objetivo regular la organización, funcionamiento y supervisión de los Centros de asistencia y sus similares.

El ombudsman llamó a las autoridades de Seguridad Pública a actuar bajo los más altos estándares de proporcionalidad, necesidad e idoneidad en el ejercicio de sus funciones y con pleno respeto a los derechos humanos.

Además, se pronunció porque se garanticen las necesidades básicas de seguridad, protección personal y eventual vacunación para las y los trabajadores del sector salud.

A las autoridades de salud solicitó atender y mitigar las consecuencias que pudieran acarrear en el deterioro de la salud mental del pueblo yucateco a causa del confinamiento, que incrementa la tasa de suicidios.

(Con información de Codhey)