Mérida, Yucatán.- El feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto llegará a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
El tema fue planteado hoy en la conferencia mañanera por la activista Verónica Villalvazo “Frida Guerrera”, quien se dijo portadora de una solicitud de Ligia Canto Lugo, la madre de la víctima.
“Martín Alberto Medina Sonda fue funcionario en Tabasco, él está detenido en Villahermosa por Lavado de dinero…. Sin embargo, durante más de 11 años generó todo tipo de violencias en contra de la madre de sus tres hijos…”, expuso al referir que el sentenciado trabajó en el gobierno de Andrés Granier Melo.
Villalvazo citó que una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para brindar protección entonces a Emma Gabriela, a sus hijos y su familia, fue ignorada y, por el contrario, ésta llevada presa a Puente Grande, Jalisco, con hechos fabricados, y al final asesinada el 27 de marzo de 2017.
Tras escuchar el caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso que sea atendido por Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico, “y se vea qué se puede hacer”.
Al respecto, la señora Canto Lugo señaló que la lucha jurídica ha sido muy larga, difícil y extenuante, por los “protocolos” que exigen las leyes, por la falta de recursos económicos, por la pandemia y por el ejército de abogados de Medina Sonda.
“Ojalá se buscará la forma de encontrar un caminito más ágil…”, dijo al conocer que su petición llegó al mandatario federal.
En vísperas del cumpleaños 17 de Mariana, la mayor de los tres hijos de Emma Gabriela –Martín e Isabella, los otros dos–, detalló el estatus de los procesos vigentes, en espera.
1. Pensión alimenticia, abierto desde 2011, se encuentra en el juzgado y debe ser enviado al Tribunal Superior de Justicia, por apelación en contra de la sentencia. Ligia Canto Lugo en su calidad de abuela como guardián y custodia de los tres nietos ha reclamado hacer valer esos derechos. Acusa contubernio de los padres de Martín Alberto: Juana y Julio para obstaculizar el juicio.
2. Guardia y custodia definitiva, que empezó desde mayo de 2018, mediante la cual se busca la pérdida de patria potestad en contra de Martín Alberto.
“Aquí están todas las pruebas del terror que cometieron los tres. No se ha buscado el mecanismo, el caminito, para que esta seguridad jurídica que merecen los niños se les dé”, dice Canto Lugo.
Actualmente se encuentra en etapa de peritaje para certificar la idoneidad de la demandante y que no ejerce alienación en contra del trío.
3. Feminicidio: el amparo que promovieron los asesinos materiales, que está desde enero de 2020 en el Tribunal Colegiado Federal, no ha sido resuelto. Todavía no se cierra el capítulo, en compás de espera esas resoluciones.
(LectorMx)
