Mérida, Yucatán.- Ejidatarios de Chablekal acusaron al delegado del INAH en Yucatán, Eduardo López Calzada, de presuntos negocios ilícitos con 390 hectáreas de terrenos de la zona arqueológica de Dzibilchaltún y advirtieron que mantendrán cerrado el sitio hasta que se resuelva a su favor el proceso de expropiación de 53 hectáreas.

Los dirigentes del comisariado ejidal y asesores jurídicos expusieron en conferencia de prensa que dicho funcionario del Instituto Nacional de Atropología e Historia (INAH) ha obstaculizado la solución del conflicto por manejar intereses propios.

El presidente del comisariado ejidal, Manuel Abán Can; el secretario general, José Tut Chalé, y al asesor jurídico, Wilber Saucedo Castro, advirtieron que ya no quieren tratos con delegados y funcionarios estatales, sino con autoridades federales.

A casi una semana del bloqueo al acceso a Dzibilchaltún, Aban Can mostró un contrato de usufructo de tierras de uso común celebrado el 22 de diciembre de 2017 en el que se otorgan 390 hectáreas a los compradores Carlos Enrique Abraham Mafud y Mauricio Montalvo Vale.

Indicaron que el documento se hizo espaldas de los ejidatarios y con aval de los representantes ejidales Pedro Santana Trujeque, Candelario Aban Chin y Gilberto Chalé Aban, entonces presidente, secretario y tesorero, con respaldo de una supuesta asamblea realizada el mismo día.

“Aunque su nombre no aparece en el contrato, seguramente, como responsable de la zona arqueológica, Eduardo López Calzada tuvo conocimiento de este compromiso de compraventa, a todas luces ilegal”, sostuvo el denunciante.

El polígono del ejido de Chablekal, ubicado al norte de Mérida, enfrenta fuertes presiones de empresas inmobiliarias, para convertirlo en predios de usos particulares.

El abogado Saucedo Castro exhibió un escrito del 3 de abril de 2019 mediante el cual el actual delegado del INAH suscribió compromiso de atender el procedimiento de expropiación concertado de 53 hectáreas de terrenos ejidales del núcleo de la zona arqueológica.

Sin embargo, dijo, han pasado más de dos años y no ha habido solución o indemnización por ese procedimiento, que inició con el decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 1987 con las declaratorias de la Zona de Monumentos Arqueológicos de Dzibilchaltún y el Parque Nacional de Dzibilchaltún.

Anticipó que procederán legalmente contra López Calzada, ya que ha incumplido como servidor público los acuerdos.

El defensor jurídico precisó que el ejido reclama lo que a derecho corresponde, que es la indemnización por 53 hectáreas, que en avalúos actuales, representa un millón 300 mil pesos por hectárea para un total de más de 68 millones de pesos.

Acompañados de decenas de pobladores que se encuentran en plantón permanente en el acceso al sitio arqueológico, reconoció que la extinción de los fideicomisos decretados recientemente por el presidente Andrés Manuel López Obrador complica la solución al problema.

Por ello, mencionó que los recursos a erogar tendrían que provenir de alguna de las dependencias federales involucradas en el tema, ya sea la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los líderes del comisariado ejidal de Chablekal ratificaron que mantendrán el bloqueo hasta lograr arreglo definitivo y su disposición a continuar con la mesa de diálogo, pero de manera directa con representantes federales.

(LectorMx)