Mérida, Yucatán.- El presunto despojo de un predio costero en el puerto de Santa Clara, municipio de Dzidzantún, sacó a la luz la supuesta colusión de autoridades federales y locales. 

Integrantes de la asociación civil El Porvenir, quienes defienden la propiedad, acusaron colusión de Hernán Cárdenas López y Jesús Lizárraga Veliz, encargados de despacho en Yucatán de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), respectivamente. 

El primero por otorgar Manifiesto de Impacto Ambiental a una extensión invadida y en litigio, mientras que el segundo por complicidad u omisión en la destrucción de ecosistemas. 

La venta ilegal, de un tercio de un total de tres kilómetros lineales por 300 o 400 metros de ancho, es atribuida a la Cooperativa Cocos Selectos S.A. de C.V. que la entregó como si fuera de fundo legal. 

Desde septiembre del año pasado, en plena pandemia, los afectados se enteraron de la invasión de los “nuevos dueños” en unos 40 lotes y en noviembre siguiente presentaron la denuncia correspondiente. 

Entre los compradores, mencionaron al juez federal Christian Omar González y otra persona a la que no pudieron identificar. 

De acuerdo con versión de representantes de El Porvenir –agrupación religiosa asentada en Dzidzantún–, el juzgador ordenó que se levantará un cerco y el retiro de la vegetación, con anuencia de Semarnat y Profepa. 

Luego, mediante artimañas, se promovió una demanda penal por destrucción de duna y daños a manglar contra los legítimos propietarios. 

Pese a la arbitrariedad, el municipio de Dzidzantún multó a los directivos de la asociación civil con cerca de 1 millón de pesos por las afectaciones. 

En tanto, policías municipales de esa localidad resguardan la zona para protección de los “nuevos dueños” y evitar que los despojados intenten recuperar lo que aseguran que es suyo. 

Los tres kilómetros ya referidos, dicen los manifestantes, fueron adquiridos en 1966 por el misionero David Brainerd Legters y su esposa Elva Legters, y desde entonces albergó al campamento “Palabra de Vida El Porvenir”. 

Este lunes 6 de septiembre se llevará a cabo una audiencia en un Juzgado de Distrito en Mérida. 

Para exigir justicia y se detengan las obras en lo que se resuelve el conflicto, habitantes realizaron en el sitio una protesta pacífica este sábado. 

Uno de los presentes refirió que en 2005 se vieron obligados a vender los extremos del terreno, por una maniobra similar de invasión, y ante la falta de dinero para pagar el juicio decidieron ceder una porción a un empresario de apellido Dájer.

(LectorMx)