Mérida, Yucatán.- El Congreso de Yucatán recibió hoy una propuesta para endurecer el combate a la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, procurar la reparación del daño causado y la garantía de su no repetición, con enfoque de prevención y sanción.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en cuyos gobiernos proliferaron con impunidad esas prácticas ilegales, presentó la iniciativa con alcances a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado, ambas encabezadas por personajes provenientes de sus filas, así como a las corporaciones municipales.
Gaspar Quintal Parra, coordinador de la bancada priísta en la LXIII Legislatura estatal, utilizó a modo de argumento la tragedia del joven veracruzano José Eduardo Ravelo Echevarría, fallecido el 3 de agosto pasado tras lesiones y abuso sexual que sufrió a manos de presuntos agentes.
Aunque en principio se atribuyó a cuatro integrantes de la Policía Municipal de Mérida, la denuncia de José Eduardo describió a elementos de la SSP Yucatán.
“En el PRI consideramos imprescindible procurar que no se repitan casos como este, adoptando las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de todas las personas en Yucatán”, expuso.
El documento del PRI plantea:
1. Modificación de la Ley de Víctimas del Estado para facultar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, así como para garantizar la reparación integral a las víctimas del delito de tortura.
2. El tipo penal del delito de tortura y del delito de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Código Penal Local estableciendo un catálogo de supuestos agravantes sobre todo cuando los actos sean cometidos por servidores públicos locales y municipales.
3. Reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán para considerar como falta grave responsabilidades administrativas de servidores públicos y de particulares vinculados con actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes.
4.- También que los integrantes de las instituciones policiales tengan las obligaciones específicas establecidas en el artículo 41 de la ley general y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
5. La creación de la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles Inhumanos y Degradantes atendiendo el mandato de la Ley General, bajo la competencia prevista.
6.- Cambios en la Ley de Salud del Estado de Yucatán para dotar de competencia de la Secretaría de Salud de realizar actos preventivos e identificación de posibles casos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes y cuatro artículos transitorios donde se reconoce la necesidad de prever partidas presupuestarias para el cumplimiento del decreto y el seguimiento e informe que cada institución debe rendir al H. Congreso del Estado en forma semestral a través de la Comisión Permanente de Seguridad y Justicia.
La iniciativa incluye las firmas de las diputadas Fabiola Loeza Novelo y Karla Franco Blanco, quienes junto con Quintal Parra conforman la Fracción Parlamentaria del PRI.
En la justificación de motivos, los promoventes asentaron que “la tortura es una práctica prohibida de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional. Se constituye como un derecho humano a no ser torturado, ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[1] que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana; y cuya vigencia se constituye como uno de los principales problemas actuales en el Estado mexicano, conforme lo manifiesta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su quinto Informe de Seguimiento de recomendaciones formuladas a nuestro país, correspondiente al año 2020”.
En el Informe de la Comisión de Derechos Humanos 2020 se informa del fallecimiento de cinco personas en situaciones en las que se involucraron elementos policiacos estatales y municipales.
El proyecto sugiere reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Víctimas, Código Penal, Ley de la Comisión de Derechos Humanos, Ley de Responsabilidades Administrativas, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ley de la Fiscalía General y la Ley de Salud, todas del estado de Yucatán, en materia de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
(LectorMx)