Mérida, Yucatán.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron que el proyecto del Tren Maya ha implicado la deforestación de más de 144 hectáreas de terrenos, sin autorizaciones en cambio de uso de suelo y en violación de diversas medidas cautelares.

Las afectaciones, señalaron, ha sido en perjuicio de los ecosistemas, principalmente en los estados de Campeche y Yucatán, aunque también las hay en Tabasco y Chiapas.

Representantes de Indignación A.C., Kanan Derechos Humanos A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), así como la abogada Kalycho Escoffié -quienes han acompañado a las personas en los procesos judiciales contra el citado proyecto-, reprocharon que el Poder Judicial de la Federación no ha garantizado un efectivo acceso a la justicia en los litigios que han emprendido en contra de la obra.

En conferencia de prensa, acusaron que ha prevalecido dilación de los juicios, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables, todo lo cual constituye violaciones a sus derechos humanos.

Aaron Siller, de CEMDA, informó que mediante sobrevuelos y fotografías aéreas captadas en abril del presente año ha sido posible determinar los daños a los recursos forestales y de selva.

Al exhibir en conferencia de prensa algunas de las 50 imágenes que documentan la queja, mencionó que son visibles los cambios de uso del suelo, la remoción de superficies y los desmontes para disponer de áreas de maniobras y disposición de bancos de materiales.

Se trata de desmontes considerables, de los que no existen permisos ya que los derechos de vía disponen sólo siete metros de ancho, pero de acuerdo con las fotografías en cuestión se trabaja hasta 100 metros más, en áreas deforestadas, recalcó.

“No cuentan con permisos de desmonte, los cuales son considerables; no se apegan a la Manifestación de Impacto Ambiental y son obras adicionales que están teniendo grandes afectaciones ambientales”, advirtió.

El activista mostró casos en Palenque, Chiapas, así como en Champotón, Escárcega y Tenabo, Campeche, además de Kopomá y Umán, Yucatán, y aseguró que los recursos legales ya fueron presentados.

Los principales perjuicios en materia de desmonte y deforestación consignadas por los declarantes han ocurrido en Champotón (50 hectáreas), la capital de Campeche (más de 25 hectáreas), Escárcega (más de 21 has), Tenabo (más de 9 has), Kopomá (más de 14 has) y Tixpéual (más de 13 has).

También son considerables los daños en Umán e Izamal, según las fotografías tomadas hace seis meses, por lo que la afectación debe ser mayor en la actualidad, puntualizó.

Kalycho Escoffié citó que cerca de tres mil familias han sido desalojadas de sus viviendas con el disfraz de las reubicaciones.

Al respecto, Javier Martínez, de Indignación A.C. criticó la dilación de los juzgados a los recursos legales presentados desde hace15 meses y la negativa de asumir la competencia de los mismos.

Se quejó de que han tenido que viajar a la Ciudad de México, así como a Campeche, Tabasco y Chiapas, aunque los juzgados de esos estados no han querido admitir los recursos bajo el argumento de que no tienen competencia al respecto.

Aclaró que las organizaciones emergentes no están en contra del Tren Maya ni pretenden detener su construcción, ya que los recursos legales presentados tienen que ver con personas, comunidades y pueblos a los que se les ha violentado sus derechos humanos.

Que sea el Poder Judicial el que determine si en la implementación del proyecto del Tren Maya se han dado violaciones a los derechos humanos, precisó.

(Foto: Fonatur)

(LectorMx)