Mérida, Yucatán.- La construcción del Hospital Regional de Ticul podría reanudarse a finales del 2022, casi 11 años después de formalizado su lanzamiento.

La obra, que será retomada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), permanece inconclusa a la fecha.

En la firma de la constancia de entrega del edificio al Ejecutivo de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila Dosal compartió sus proyecciones.

“Y me comenta la delegada (del IMSS, Miriam Victoria Sánchez Castro), y así lo he platicado también con Zoé Robledo (director general IMSS), ya la licitación de este hospital debe salir a principios de 2022 y esperemos que para 2023, finales, este hospital pueda estar terminado”, reveló.

La transferencia del inmueble (el terreno y de la parte construida) que estuvo en posesión de Marhnos Construcciones S.A. de C.V. implica otro paso en la solución del enredo jurídico.

“Por supuesto, gente de Ticul y municipios vecinos salen ganando porque vamos a tener el hospital…”, dijo el mandatario.

Refirió que el Gobierno del Estado, con la ayuda de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, logró negociar con Marhnos que desistiera de cobrar 740 millones de pesos en indemnizaciones por incumplimiento de contrato.

“Y con esto, todos salimos ganando porque nosotros nos ahorramos estos recursos”, precisó Vila Dosal.

También recordó que la erogación original prevista ascendía a cinco mil 500 millones de pesos a 25 años, bajo la modalidad de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS).

En septiembre de 2012, la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco suscribió el PPS con Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V. y su obligado solidario, Marhnos Construcciones S.A. de C.V.

El 6 de mayo de 2015, el gobernador Rolando Zapata Bello rescindió los compromisos, con la justificación de que la entrega total del conjunto equipado estaba fijada para el 15 de octubre de 2014, y el arranque de funcionamiento para el 15 de enero de 2015.

El fallo condenatorio del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional obligó a Yucatán a pagar 740 millones de pesos por la rescisión del contrato.

(LectorMx)