Mérida, Yucatán.- Activistas de Yucatán anunciaron la iniciativa de ley ciudadana “3 de 3 contra la violencia” que busca impedir el desempeño y el acceso a puestos públicos y de elección a quienes han sido denunciados por algún tipo de agresión a la mujer.
Integrantes de Observatoria Ciudadana y de la Agenda de Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) entregaron a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local, Vida Gómez Herrera, la propuesta de ley para acabar con la impunidad en ese tema.
El estado tiene que garantizar que no hay violentadores, acosadores ni deudores alimentarios entre sus funcionarios, alcaldes y en todos aquellos que desempeñen cargos en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, indicaron.
Durante un foro a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, la red precisó que se trata de una acción afirmativa que pretende apurar la resolución de las denuncias y sancionar a los responsables.
Son muchas las denuncias de violencia física, verbal, económica y política acumuladas que se encuentran en “el limbo” en el Poder Judicial de Yucatán, que no han sido investigadas y que permanecen en total impunidad, plantearon en la reunión.
Pese haberlo solicitado, el gobierno no ha reportado la cantidad de denuncias formuladas en relación con todo tipo de violencia contra la mujer, dijo la dirigente de AMISY, María Eugenia Núñez Zapata.
Son muchas las mujeres que han denunciado agresiones y se han acercado a las organizaciones sociales de apoyo frustradas ante un Poder Judicial que no ha sabido responder a sus querellas o por no contar con recursos para pagar un abogado, expresó.
Ligia Vera Gamboa, otra de las participantes, sostuvo que existen mujeres que no pueden recuperar a sus hijos por anomalías en los procesos judiciales que han dilatado seis o siete años o más, lo que constituye una forma de violencia institucional.
Aceptó que habrá quienes impugnen la propuesta de ley ciudadana porque transgrede el principio constitucional de la presunción de inocencia; sin embargo, señaló, es obligación del Estado garantizar a las mujeres una vida sin violencia.
La presentación de la propuesta fue ampliamente aceptada por las asistentes, entre ellas la activista nacional por los derechos de las mujeres, Yndira Sandoval, así como académicas, intelectuales y representantes de AMISY en más de 20 municipios.
La diputada Gómez Herrera informó que procederá con el protocolo predeterminado para dar entrada formal al asunto, el cual será analizado, adelantó, con una iniciativa con aspectos similares presentada ayer en sesión.
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la ley electoral de Yucatán y adicionar la de partidos políticos con el fin de impedir a personas que violentaron o incumplieron con la manutención de sus hijas e hijos ocupar cargos de elección popular.
(LectorMx)
