Mérida, Yucatán.- Representantes de organizaciones sociales advirtieron que pugnarán ante el Congreso local por hacer válidas las denuncias, acortar los procesos judiciales y desterrar la impunidad en los casos de violencia contra la mujer acumulados en el Poder Judicial del estado de Yucatán.
Integrantes de la Agenda de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMICY) y de Observatoria Ciudadana Todas Mx exigieron terminar con las prácticas dilatorias y la falta de carpetas de investigación a las querellas presentadas en las agencias del Ministerio Público.
Para ello, informaron en rueda de prensa que este martes se reunirán con la Comisión de Puntos Constitucionales del Legislativo estatal para analizar el contenido de la “Iniciativa Ciudadana 3 de 3″ presentada el pasado 25 de noviembre.
La coordinadora de AMICY, María Eugenia Núñez Zapata, expuso que existe un abismo en las cifras de denuncias presentadas y sentencias dictadas por violencia de género, además de tardanza de años en procesos de casos de guarda y custodia y de pensión alimenticia.
Ante esta injusticia que prevalece en Yucatán se impone promover acciones afirmativas, ahora con reformas a las leyes y códigos penales y hacer una revisión profunda en la materia y los juicios eternos.
“Hay jueces y juezas que merecen ser juzgados en vez de estar como juzgadores”, puntualizó.
Y de ahí mencionó disparidades, por ejemplo: la Fiscalía General del Estado (FGE) reporta en lo que va de este año un mil 97 expedientes iniciados, pero no aclara si son denuncias formales o son carpetas judicializadas para que lleguen a un juez de control y determine la culpabilidad o no del agresor.
A su vez, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional ha registrado (en 2021) unos 809 casos de presuntos delitos de violencia familiar, aunque la misma fuente revela en ese lapso dos mil 733 llamadas recibidas de auxilio por violencia intrafamiliar, precisó.
La activista calificó de “alarmante” el grado de impunidad imperante en el Poder Judicial de Yucatán, “ya que existe un trecho para que se judicialice una denuncia y para alcanzar una sentencia hay otro gran trecho”, lo cual cuesta tiempo y dinero a la víctima.
A la reunión mañana con diputadas y diputados locales, llevarán tres casos concretos que configuran las características de dilación, impunidad y revictimización de las afectadas, además de 400 firmas de respaldo ciudadano a la iniciativa.
Rosalía López Castro, académica universitaria que forma parte de la lucha contra la impunidad, comunicó que la mayoría de ciudadanos consultados en una encuesta perciben en los servidores públicos del estado doble moral, deficiencia, falta de empatía y profesionalismo en su desempeño.
Conforme a los datos del sondeo aplicado a una muestra de 300 personas en torno de la credibilidad, ética y valores que debe tener un servidor público al ser candidato o funcionario por designación o concurso o bien estar desempañando un cargo público, en sólo 11 casos la percepción fue positiva.
Otras valoraciones predominantes fueron el que no son confiables, son incongruentes, malos, misóginos, carentes de calidad humana para atender a los ciudadanos, carecen de perspectiva de género y “hacen lo que pueden”.
Los resultados, explicó la diseñadora del ejercicio, concuerdan con la necesidad de cambiar leyes, reglamentos y mecanismos que impidan que cualquier persona que cuente con investigación concluida o en proceso, denuncia por violencia en cualquiera de sus manifestaciones o sea deudor alimentario, no debe ni puede ocupar ningún cargo público.
Lo anterior fundamenta en lo esencial la “Iniciativa Ciudadana 3 de 3 contra la violencia desde la denuncia” entregada al Congreso el pasado 25 de noviembre del presente año, sostuvo.
(LectorMx)