Mérida, Yucatán.- Transportistas federales de carga y pasaje manifestaron su inconformidad por el aumento al precio de las gasolinas, deficiencias en servicios de expedición tanto de placas como de licencia para los operadores, así como por la inseguridad que prevalece en carreteras del centro y occidente del país, por lo que anunciaron un paro y bloqueo el próximo 22 de marzo.

El secretario general de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), Andrés Poot Alonzo, planteó que esta movilización será nacional, ya que la mitad de los choferes transitan con licencias vencidas, lo que da lugar a multas y extorsiones por parte de las autoridades, además de que el costo del diésel afecta la economía del sector.

Adelantó que los agremiados de los estados de Yucatán y Campeche paralizarán la vía federal Mérida – Campeche, a la altura de Xtepén, a partir de las 8 de la mañana, toda vez que los problemas perjudican a todos.

De esta manera, los afiliados de AMOTAC volverán a las protestas luego de que el pasado 28 de octubre de 2019 se plataran frente al Congreso del Estado por otras demandas.

Igual hay molestia con las placas federales para unidades de carga y de pasaje, ya que las instancias respectivas no han podido, por motivo de la pandemia, atender los requerimientos, reprochó Poot Alonzo.

El problema es mayor cuando los conductores se trasladan de Quintana Roo a Yucatán para resolver el cambio de placas; este servicio, dijo, no se está dando de manera expedita y suficiente.

Además se sumó a las quejas por la inseguridad que prevalece en las carreteras federales, principalmente del centro, occidente y norte de la República.

Los asaltos en las vías de la ciudad de Puebla a Orizaba y las que conectan a Villahermosa, así como la de estados del occidente no han cesado, apuntó.

Gabriel Uribe Ríos, delegado de carga de la AMOTAC, se refirió a un añejo reclamo de choferes que llegan a Yucatán: la ausencia de una central de carga.

Explicó que los camiones de carga foránea carecen de un sitio donde resguardarse y recibir atención mecánica y mantenimiento, aunado a espacios para la alimentación y descanso de los guiadores.

Mencionó otro lastre: la policía estatal interpreta a su manera la ley y aplica cobros de 732 pesos por derechos, lo que finalmente se aplica a los bienes que paga el consumidor.

(LectorMx)