Mérida, Yucatán.- Mediante un proceso judicial con falsas acusaciones, manipulado y evidentes conflictos de interés, campesinos de avanzada edad del ejido de Motul son presionados para que se deshagan de sus tierras, declaró la abogada Dariana Quintal Narváez.

La defensora de Sixto Jorge Noh y Argüelles, Luis Julián Can y Chuc y Luis Armando Chuc Sánchez, de 80, 80 y 64 años de edad, respectivamente, denunció de manera pública que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha imputado a los tres delitos que nunca se cometieron.

Señaló que el fiscal investigador Miguel Herrera Pat achaca a los involucrados, uno de ellos con problemas cardiacos y otro con discapacidad, amenazas, actuación en pandilla y destrozos en la casa ejidal de Motul, así como otras agresiones.

También les atribuyen privación de la libertad en contra de Martiniano Kuc Méndez y Marcelino Alonzo Chuc, delitos que no existieron porque no hubo tales hechos, refutó Quintal Narváez.

El origen del caso –refirió– data de octubre de 2019 “con el oculto propósito de empresarios”, entre ellos un extranjero (de quienes desconoce sus nombres) de apoderarse de las 21 mil hectáreas de terrenos ejidales con potencial para convertirse en parte de desarrollos turísticos y habitacionales.

“Se nos hace muy raro que ahora la Fiscalía acelere un asunto cuando existen muchas denuncias que desde hace años esperan una resolución judicial”, dijo la abogada, quien aseguró que hay conflicto de interés ya que su contraparte jurídica está representada por Miguel Vargas, apoderado legal del Poder Judicial.

Quintal Narváez acudió con dos de sus defendidos frente a Palacio de Gobierno, donde manifestó su inconformidad por este proceso que calificó de “tramposo” e “indignante”, ya que a uno de los abuelos le fue colocado hace un mes un brazalete en el pie derecho como si fuese un delincuente.

Chuc Sánchez mostró el dispositivo electrónico en la extremidad inferior.

Según la defensora, las imputaciones son ridículas, si se toma en cuenta la edad de los acusados, las limitaciones físicas de uno y las dolencias cardiacas de otro que no pudo asistir a la reunión, y el tercero que porta el brazalete “sin deberla ni temerla”.

“Es muy lamentable que la Fiscalía esté a la disposición de empresarios, de políticos, violentando los derechos de nuestros adultos mayores, de nuestra gente indígena, de gente que no se puede valer por sí misma, de personas que, por razones de salud, situación económica y ahora de edad no se pueden defender”, reprochó.

El miércoles sostendrán una audiencia en el Juzgado Primero de Control para continuar las diligencias sobre los supuestos actos violentos que ni siquiera la Policía Municipal de Motul tiene conocimiento.

Las personas que supuestamente fueron secuestradas ya fallecieron, pero sostienen la demanda María Basilia Estrella y Rosa María Pech Caamal.

Los campesinos imputados reiteraron que no venderán sus tierras, lo que ha generado conflicto, ya que existen otros ejidatarios que sí están dispuestos a enajenarlas.

(LectorMx)