Mérida, Yucatán.- La reforma al Poder Judicial de Yucatán (PJEY), cuyo dictamen salió adelante en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local, fue motivo de reflexiones del ex gobernador Rolando Zapata Bello.

Como era de esperarse, respaldó las propuestas de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en esencia mantienen esquemas de control en su último bastión en el estado.

En entrevista con Noticaribe Peninsular, el ex mandatario señaló que se deben de respetar los tiempos, periodos y espacios de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), tal y como recomendó la fracción priísta.

El actual secretario de Alianzas y Agenda Ciudadana del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI remarcó que el tricolor defiende los intereses de los empleados del PJEY.

“Los diputados del PRI, sabemos ha hecho propuestas y darle un giro, un enfoque social, dirigido al fortalecimiento de los trabajadores porque el Poder Judicial no solo son los magistrados sino también la base trabajadora”, puntualizó.

“El rostro del a justicia cotidiana se da en los juzgados en los espacios a donde la gente acude y en primera instancia los trabajadores atienden”, abundó.

El grupo legislativo del PRI presumió que, como parte de las principales modificaciones, se crearán más juzgados de primera instancia, se garantiza la autonomía presupuestaria del PJEY y se protege los derechos laborales de los trabajadores judiciales.

La “cirugía mayor” a la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal, según el coordinador priísta Gaspar Quintal Parra, evitó “simulaciones e imprecisiones”, así como “ocurrencias” que pudieran afectar el acceso a la justicia.

“LOS CAMBIOS” DEL PRI

1. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial deberá contemplar la creación de nuevos juzgados de primera instancia, su ubicación y la materia o materias de las que deban conocer.

2. Se podrá garantizar de manera expresa en la ley la autonomía presupuestaria del Poder Judicial para evitar la intromisión, la dependencia y la subordinación de uno a otro.

3. Se contempla un capítulo dedicado a las y los servidores públicos judiciales que permitirá la defensa de sus derechos laborales, los procesos de promoción de su carrera judicial y la determinación de la solución de los conflictos laborales mediante una Comisión de Asuntos Laborales.

4. Se elimina el artículo concerniente al retiro forzoso de las magistradas y los magistrados al cumplir los 70 años de edad, por “discriminatorio”.

(LectorMx)