Mérida, Yucatán.- El hostigamiento judicial es uno de los mecanismos que emplea el Estado para amedrentar y obstaculizar la labor de periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, condenó el Equipo Indignación A. C.

Al referirse a casos que se han ventilado en las últimas semanas, exigió al Gobierno del Estado y al Poder Judicial de Yucatán respetar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.

En primer término, se refirió al oficio de la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante el cual se informó que la jueza de control del Primer Departamento Judicial del Estado, Beatriz Bonilla González, ordenó a medios de comunicación eliminar notas relativas a la revocación de la jubilación de Leticia Noemí García Maldonado, ex subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Fueron involucrados entonces, 11 de abril, “Cambio del Sureste”, “Grillo de Yucatán”, “Infolliteras”, “Noticias al Punto”, “Yucatán al Segundo” y la “Noticia Ciudadana”, así como los reporteros Félix Bigman y Maru Luján, según reportó la organización Artículo 19.

La FGE fijó plazo de 24 horas, para cumplir la disposición, contadas a partir de haber recibido el escrito, o de lo contrario, se harían acreedores de una de las sanciones estipuladas en el Artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las cuales se encuentran una amonestación, multa, auxilio de la fuerza pública o arresto por 36 horas.

Cinco días más tarde, el director del portal “Infolliteras” Eduardo Lliteras, fue notificado de una demanda en su contra radicada en el Juzgado Tercero del Primer Departamento Judicial del Estado, la cual fue presentada por el ex subprocurador Rafael Acosta Solís por presunto daño moral, tras publicación de una nota que compartía información del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida.

Al ex funcionario se le acusó de despojo de tierras, así como del robo de un bulto con dinero y documentación de los ejidatarios de Samahil, ocurridos en la sede del Tribunal Unitario Agrario (TUA) con sede en Mérida, Yucatán.

El ex subprocurador exigió el retiro de la nota y el pago de medio millón de pesos, más los costos del proceso judicial. También procedió de la misma manera con “La Jornada Maya”, “Presidio”, “LectorMx” y “Rompecabezas”, refirió Indignación.

“Estos hechos resultan alarmantes en tanto impiden a periodistas realizar su trabajo: el de fiscalizar al poder y denunciar el actuar de funcionarias, funcionarios, empresarias y empresarios, y mantener informada a la ciudadanía de asuntos de interés público”, asentó en un comunicado.

En lo particular, manifestó preocupación por el periodista Eduardo Lliteras, quien desde el 2019 ha acumulado dos denuncias penales y una demanda, por publicar notas relacionadas con el despojo de tierras ejidales y posibles actos de corrupción.

Además, el colectivo recordó que el pasado 16 de febrero periodistas locales presentaron una solicitud formal ante el Congreso del Estado para eliminar del Código Penal Local el delito de difamación, precisamente por tratarse de una figura utilizada para obstaculizar la labor periodística, particularmente la de aquellas y aquellos encargados de investigar temas de corrupción, despojo de tierras y defensa del territorio.

En suma, pidió respetar el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, cesar ataques contra periodistas en Yucatán y detener el hostigamiento judicial contra Eduardo Lliteras y contra cualquier periodista que, en cumplimiento de su labor de informar a la ciudadanía, reciba amenazas, intimidaciones y denuncias, sobre todo, si se trata de medios de comunicación o periodistas independientes que se encargan de vigilar el actuar del Estado y del sector empresarial.

(Con información de Indignación)