Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó su iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral.

Como propuestas planteó la creación de la figura de vicepresidente de la República, una segunda vuelta en la elección presidencial, la reducción de 500 a 300 diputados federales y la eliminación de los organismos locales electorales (OPLES).

“Queremos dejar claro que esta propuesta no se trata simplemente de un ejercicio de antagonismo frente a la propuesta de Morena. El PRI es un partido de propuestas y actuamos de manera muy responsable”, dijo Rubén Moreira Valdez, coordinador de la fracción del tricolor.

Y contrastó que la reforma electoral que promueve Morena es poco seria, no abona a resolver los problemas en esta materia y atenta contra las instituciones, principalmente contra el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No vamos a permitir la destrucción del árbitro electoral”, puntualizó en conferencia de prensa en la sede nacional de su partido y acompañado integrantes de su bancada.

Según expuso, la “propuesta propia” del PRI tiene cuatro objetivos centrales: alcanzar una democracia más participativa, más ciudadana, más barata y en paz.

Además, se conforma de 10 ejes viables, con eco en las experiencias nacionales e internacionales:

Primero: reducción de las diputaciones de 500 a 300; 150 de mayoría relativa y 150 de representación proporcional y se establecería límites para evitar la sobrerrepresentación como ocurre actualmente con Morena.

Al disminuir los distritos, se reducen también las juntas locales, lo que generaría un ahorro más de mil 730 millones de pesos.

Segundo: se propone una segunda vuelta en la elección presidencial, tal como sucede en otras democracias.

Tercero: creación de la figura de vicepresidencia de la República, su titular iría en la misma fórmula que el presidente de la República y sería electo en el mismo término.

“Con esta figura buscamos un acompañamiento directo al presidente, que permita desahogar los asuntos de política interior y se da certidumbre al proceso de sustitución del jefe del Ejecutivo Federal en caso de ausencia absoluta”.

Cuarto: mayor libertad de expresión durante las campañas electorales de particulares y gobernantes, pero sin uso de recursos públicos.

“Se propone transferir al Tribunal Electoral la autoridad en materia de libertad de expresión electoral, es decir, todas las medidas cautelares que van al INE y luego son llevada a los tribunales”.

Quinto: reducción de hasta el 30 por ciento del financiamiento público a partidos políticos, llevados en porcentajes de 10 por ciento anual hasta llegar al límite y la ampliación del financiamiento ciudadano global.

Sexto: combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, con la creación de un sistema nacional de protección electoral, con un consejo integrado por el gabinete de seguridad, autoridades fiscales, la FGR, el INE y los gobernadores de los estados.

“Planteamos la obligación de los partidos y autoridades de revisar antecedentes financieros y penales de pre candidatos, familiares y equipos de trabajo, protocolos de protección a quienes lo soliciten, anular candidaturas al comprobar nexos con el crimen organizado, sanciones a partidos que postulen candidatos ligados a la delincuencia y suspensión de campañas, y establecer un observatorio ciudadano en materia de riesgos de seguridad”.

Séptimo: voto electrónico en modalidad de urna electrónica, lo que abarataría costos de las elecciones, facilitaría el flujo de información y resultados durante la jornada y mayor certidumbre en el conteo de votos.

Octavo: nacionalización plena de comicios federales y locales, a fin de consolidar la autonomía del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con un presupuesto de cálculo fijo, sin que pueda ser alterado por la Cámara de Diputados.

“El INE asume la rectoría de los procesos federales y locales, y las OPLES desparecen, es decir, se elimina el sistema mixto”.

Noveno: fortalecimiento de nombramiento de consejeros electorales, en donde se mantiene el proceso actual de convocatoria, registro, conocimiento y evaluación de los aspirantes a este cargo.

Sin embargo, se implementa un método de elección en la Cámara de Diputados. El Comité Técnico de Evaluación será el responsable de realizar ternas de aspirantes y la Junta de Coordinación Política se encargará de insacular a una persona de cada lista que serían los elegidos como consejeros electorales.

Décimo: fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia y del TEPJF, por ello, es preciso reconocer en la Constitución la existencia de un sistema integral de justicia electoral y de su legislación procesal y jurisprudencia por precedentes.

Asimismo, reforzar el cumplimiento obligatorio de las sentencias para tener certeza de que se está avanzando, reforzar los mecanismos de nombramientos y remoción del presidente de la Sala Superior y una defensoría pública electoral a nivel constitucional, establecer juicios en línea y el nombramiento de magistrados por insaculación ante la SCJN.

Estuvieron las y los legisladores Blanca Alcalá, Francisco Yunes, Eduardo Zarzosa, Xavier González, Karla Ayala, Melissa Vargas, Sue Ellen Bernal, Cristina Ruiz, Javier Casique, Norma Aceves, Roberto Calos López y Maribel Villaseñor.

(Con información de comunicado)