Mérida, Yucatán.- Los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida plena y sin violencia son vulnerados en Yucatán y el gobierno federal es en parte responsable de esta situación que se ha generalizado en el país, plantearon activistas.

Representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) se reunieron con funcionarios estatales y luego con medios de comunicación para exponer que la población infantil de Yucatán presenta rezagos en cuanto a la carencia de un sistema de protección integral.

La presidente de la organización, Tania Ramírez Hernández, acusó insuficiente cobertura de derechos en los ámbitos de educación, esparcimiento, salud, bienestar y discapacidad, así como en la procuración de protección y en las acciones de no discriminación.

Acompañada Alejandra Garduño e Irma Pérez Campus, ponderó que la suspensión de los programas de estancias infantiles y de escuelas de tiempo completo, así como los recortes presupuestales a los estados, reflejan que la Federación no ha sido garante de los derechos de la infancia.

A lo anterior hay que agregar problemas de distribución de medicamentos para niños con cáncer, deserción escolar y carencia de estructura para la enseñanza de calidad, así como el creciente trabajo infantil que ha propiciado el desempleo, apuntó.

A plantear un panorama del tema en Yucatán, refirió que, de acuerdo con el Censo de Población de 2020, el 28.7 por ciento de sus habitantes, o sea casi 667 mil individuos eran niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad.

En ese mismo año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que el 55.8 por ciento de la población menor de 17 años en Yucatán vivía en pobreza, un 3.5 por ciento más que en 2018, que en números absolutos suman unos 370 mil 380 infantes en esa condición.

Del mencionado universo, indicó que el 12.4 por ciento estaba en pobreza extrema, 4.4 por ciento más que en 2018, de tal forma que Yucatán ocupó el lugar 13 en pobreza y sexto en pobreza extrema con respecto a las demás entidades federativas.

“Pertenecer a la población menor de seis años es más vulnerable, ya que entre 2018 y 2020 Yucatán ocupó el lugar décimo del país con mayor incremento en el porcentaje de niños de primera infancia en condición de pobreza (3.1 por ciento) y el tercer lugar en pobreza extrema (6.2), en ambos casos por arriba de los porcentajes nacionales”, precisó la dirigente.

“La política pública tiene el reto de ofrecer estrategias que permitan satisfacer de manera diferenciada las necesidades específicas de las etapas de vida del niño, niña y adolescente, generando estrategias que permitan reducir la pobreza, aumentar la movilidad social y garantizar su sano desarrollo”, manifestó.

En cuanto a la violencia intrafamiliar, sostuvo en su informe titulado “La infancia cuenta en Yucatán” que “el abuso sexual y los feminicidios hacia niñas, niños y adolescentes ocurren en un contexto de aparente paz social que oculta y normaliza la situación”.

La falta de datos sistematizados respecto de las mencionadas problemáticas no permite dimensionar la violencia experimentada por este segmento de la población a lo largo de su vida, recalcó en su presentación ante servidores públicos locales.

La analista aludió a la última medición de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh 2016) que coloca a Yucatán en el séptimo lugar en porcentaje de violencia experimentada en ese sector infantil a lo largo de su vida.

Por lo anterior, Ramírez Hernández propuso estrategias para disminuir todas las formas de violencia e impulsar acciones efectivas de prevención, protección especial, reparación del daño y restitución de los derechos.

Tras la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2015 se publicó la norma respectiva de Yucatán, la cual fue calificada por el índice de medición de la calidad de leyes realizadas por REDIM con 6.8 puntos y la colocó en el lugar 19 de los 32 estados.

(LectorMx)