Montreal, Canadá.- Agrupaciones ambientalistas y ciudadanos elevaron una impugnación ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el Tramo 5 Sur del Tren Maya, en Quintana Roo.

Los promoventes advirtieron que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental por cuanto a la evaluación de los impactos ambientales asociados al proyecto en la sección que va de Playa del Carmen a Tulum.

Los suscritos: Moce Yax Cuxtal, A.C.; Grupo Gema del Mayab, A.C.; Jaguar Wild Center, A.C.; Red de Capacitadores Socio Ambientales, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos y diecinueve individuos.

Todos firmaron la petición entregada hoy al CCA con apego a las disposiciones previstas en el capítulo 24 del T-MEC.

En el escrito SEM-22-002 (Tren Maya), los peticionarios aseveraron que el proyecto no se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental (“procedimiento EIA”) adecuado, como se requiere para este tipo de infraestructura.

En particular, apuntaron que México incumplió el carácter preventivo del procedimiento EIA y que, debido a la fragmentación del proyecto en varios segmentos, no se consideraron los impactos ambientales significativos, acumulativos, sinérgicos, directos, indirectos y residuales.

Sostuvieron que los estudios de suelo y geofísicos son inadecuados, porque no consideran la fragilidad del karst y del suelo de la península de Yucatán, lo que resulta en elevados riesgos de hundimiento de la infraestructura, así como de accidentes durante el transporte del combustible.

“La petición también señala las carencias en lo relativo a la evaluación de riesgo de los talleres para la carga de combustible y el mantenimiento, así como la falta de consideración de las especies en peligro de extinción en la zona”, asentó la CCA en un comunicado.

Los peticionarios citan varios instrumentos legales nacionales e internacionales, entre éstos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Acuerdo de Escazú, el Pacto de San José de Costa Rica, el Protocolo de San Salvador, la Declaración de Río, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley de Aguas Nacionales.

El Secretariado de la CCA –cuyo Consejo trinacional sesionó la semana pasada en Mérida, Yucatán– cuenta con 30 días para examinar la petición y determinar si ésta satisface los requisitos establecidos en los artículos 24.27(2) y (3) del T-MEC.

El proceso de peticiones relativas a la aplicación efectiva de la legislación ambiental (proceso SEM, por sus siglas en inglés) de la CCA fomenta la participación ciudadana y el intercambio de información entre gobiernos y ciudadanos.

A partir del 1 de julio de 2020 el trámite SEM de la CCA se rige por lo dispuesto en los artículos 24.27 y 24.28 del capítulo sobre medio ambiente del nuevo tratado comercial entre los tres países de América del Norte (CUSMA, USMCA o T-MEC, según sus siglas en cada país).

(Con información de CCA)