Mérida, Yucatán.- El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) dejó sin definición una solicitud para la realización de un Referéndum con respecto a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán que recién aprobó el Congreso estatal a propuesta del Ejecutivo local.
Por cuatro votos a favor y tres en contra se determinó reservar la admisión o el desechamiento de la petición de un grupo de ciudadanos, en tanto se resuelva un juicio pendiente en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY), interpuesto en contra del acuerdo de desechamiento del Consejo General del Iepac con fecha 20 de julio del presente año.
Previamente, en la sesión extraordinaria, se sometió a consideración de las y los integrantes del Consejo General del Iepac un proyecto de acuerdo en el que se proponía desechar la solicitud del Referéndum sobre el mencionado tema.
Ello, con base en el dictamen de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana que sostiene que el acto solicitado se trataba de un acto consumado al haber entrado en vigor la denominada Ley ISSTEY.
Las consejeras electorales Alejandra Pacheco Puente y Alicia del Pilar Lugo Medina, así como los consejeros Alberto Rivas Mendoza y Moisés Bates Aguilar (presidente) coincidieron en que no es posible someter a Referéndum una Ley que se encuentra en vigor.
Como sustento refirieron que así lo establece el principio de legalidad y las autoridades administrativas no pueden ir más allá de lo que permite la normatividad.
La consejera María del Mar Trejo Pérez demandó exhortar al Congreso del Estado para que cumpla con su obligación de remitir al Iepac las minutas de ley, ya sean de creación, modificación, derogación o abrogación, en los términos y plazos señalados en Ley de Participación Ciudadana que Regula el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán.
Además, se planteó promover la aplicación de la norma para contribuir a la participación ciudadana de manera efectiva.
Los consejeros electorales Jorge Antonio Vallejo Buenfil y Roberto Ruz Sahrur lamentaron que no se haya podido establecer con anticipación medidas cautelares para evitar que la solicitud ciudadana no fuera posible por impedimentos legales.
(Con información de Iepac)
