Mérida, Yucatán.- Representantes de organizaciones sociales pugnaron ante diputados locales por una nueva ley de movilidad que utilice el sistema de cámaras de seguridad para registrar infracciones de tránsito y aplicar sanciones a los responsables porque son factores de accidentes viales.

Durante la sesión de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, solicitaron medidas para reducir los índices de velocidad y de reparación del daño a las víctimas, así como mayor protección a los peatones, los más vulnerables dentro de la pirámide de movilidad en Yucatán.

Activistas de Cicloturixes, Everardo Flores y Octavio Rojas, pidieron se incorpore a la movilidad el sistema de cámaras de vigilancia (próximamente sumarán siete mil) del programa “Yucatán Seguro” para la prevención y sanción de infracciones de tránsito.

“Ya tenemos las cámaras. Hay que usarlas para detectar las violaciones a la ley de tránsito como el exceso de velocidad, la invasión de los pasos peatonales, maniobras en sentido contrario, los distractores al volante y el desuso del cinturón de seguridad, entre otros”, explicó Flores.

“Nos hemos acostumbrado a ser rápidos y furiosos. Todo mundo quiere ir a exceso de velocidad tanto en vialidades secundarias y primarias e incluso en plazas comerciales”, describió el ponente, quien advirtió que la velocidad mata.

En la sesión, los legisladores y participantes guardaron un minuto de silencio por los fallecimientos ayer de mujer adulta y una niña en la carretera Mérida – Progreso tras ser arrolladas a bordo de un mototaxi por un automóvil, lo cual fue mencionado como un ejemplo de la inseguridad en carreteras.

Como contexto, el ingeniero en vialidad, René Flores Ayora, reportó que el número de muertos en Yucatán por los siniestros de tránsito en la década de 2010 a 2019 es de dos mil 913, o sea una media de 291 al año, por causas que, dijo, son prevenibles.

Sin mencionar lesionados o personas que quedaron amputadas, los muertos registrados por año son los siguientes: 2011: 295; 2012: 294; 2013: 249; 2014: 280; 2015: 281; 2016: 284; 2017: 281; 2018: 327, y 2019: 325.

En este panorama de la inseguridad vial, ponderó que muchas familias quedan en la miseria, cuando el padre o la madre eran el sustento del hogar: los hijos quedan en la orfandad y a las víctimas no se les indemniza, es decir, no se hace efectiva la reparación del daño.

Silvana Forti Sosa, del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, se pronunció a favor de introducir en dicha ley medidas que garanticen los derechos de las víctimas de siniestros, toda vez que la tasa de mortalidad en Yucatán está por encima de la media nacional.

También sugirió se tome en cuenta la ley general sobre el tema como referente, en particular sobre la aplicación de una señalética específica para el territorio estatal que tome en cuenta la lengua maya.

Ante los diputados que analizan la iniciativa de Ley de Movilidad y Tránsito enviada por el Ejecutivo Estatal, el dirigente de la Asociación de Escuelas Particulares de Yucatán, Elías Dájer Fadel, consideró que los motociclistas son los más expuestos, ya que representan el 40 por ciento de las víctimas de hechos de tránsito, mientras que los peatones constituyen cerca del seis por ciento.

Acompañado del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, Iván Rodríguez Gasque, expresó su rechazo a la jerarquización en el tema de movilidad de peatones por sobre los conductores de vehículos.

Explicó que en la dinámica social y urbana todos somos lo uno o lo otro, por lo que el objetivo es garantizar esa libertad de decisión y ejercer ese derecho constitucional de transportarse libremente y no discriminar a nadie.

Los empresarios plantearon la necesidad de que se respeten las calles y avenidas, así como el tipo de aforo vehicular y no se destinen a otros usos tal como ocurre, por ejemplo, en las pistas de un aeropuerto o en los rieles de un tren que ya tienen funciones específicas.

Eduardo Monsreal Toraya, director general del Colegio de Diseñadores del Hábitat y Urbanistas de Yucatán, sostuvo que la propuesta de ley estatal omite conceptos básicos que requieren ser tomados en cuenta como los de la planeación de diseños urbanos, salud, inclusión, medio ambiente y derechos humanos.

Indicó que no hay claridad en el órgano que tendrá a su cargo las políticas de seguridad vial, además de que se minimiza el papel de los municipios, cuyas decisiones impactan en los servicios de transporte y en las trazas y definiciones de redes de vialidades primarias.

Propuso que las aumentos de las tarifas de transporte a los usuarios representen el último recurso para obtener fondos y llamó a buscar otras formas de ingreso como el uso de parquímetros y los cobros por publicidad o peaje y otras formas de recaudación a concentrar en un fondo estatal.

Se estableció que el micro sitio para aceptar propuestas y comentarios en torno a la iniciativa estará abierta para los ciudadanos hasta mañana martes 2 de agosto a las 24:00 horas.

En la reunión, se contó con la asistencia del Colegio de Diseñadores y del Hábitat y Urbanistas de Yucatán A.C; la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida; Movilidad Urbana del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo y Cicloturixes A.C.

(LectorMx)