Mérida, Yucatán.- Ante la pretensión del gobierno federal de traer la industria cervecera al sur-sureste del país, representantes de pueblos originarios mayas que forman parte del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán exigieron ser tomados en cuenta en la instalación de esas megaempresas y en su derecho a un medio ambiente sano.

“Primero deben preguntar si nosotros lo aceptamos, si lo queremos, si lo necesitamos”, expresó Alberto Rodríguez, dirigente de Consejo Maya Chikinha del Poniente, que agrupa a comunidades de Hunucmá, Sisal y Celestún.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en conferencia de prensa que la producción de cerveza en el norte de México estará vedada por el desabasto de agua y expuso que que ya no se pueden dar permisos en donde no hay el vital recurso.

A esto, el líder indígena insistió en que los pueblos originarios tienen derecho a una vida tranquila, libre de contaminación del aire y del agua, y son, recalcó, los que deben dar su consentimiento “a lo que llaman desarrollo”.

Se requiere previa información y consulta libre y de buena fe con las comunidades, mismas que tienen derecho a administrar sus territorios, dijo la investigadora Yameli Aguilar Duarte, integrante de dicho Consejo Ciudadano, quien recordó que hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Originarios.

Como especialista del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) señaló que las grandes empresas cerveceras del norte del país y otras han contribuido, con la complacencia de las autoridades, al saqueo de los recursos hídricos en tanto que las granjas porcícolas en Yucatán están contaminando los acuíferos.

Se han realizado diversos trabajos de investigación sobre la calidad del agua y la fragilidad de los mantos freáticos por los suelos kársticos de la región peninsular, pero las autoridades han hecho caso omiso, comentó.

Anacleto Cetina, de la organización Guardianes de los Cenotes, advirtió que son altos los niveles de sustracción de agua en el corredor industrial de Hunucmá, donde se encuentra la industria cervecera, lo que ha propiciado la presencia de agua salina que es mala para la agricultura.

Los integrantes del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán citaron a rueda de prensa para exponer que el país enfrenta una crisis de agua sin precedentes, escasez que perjudica a 51 millones de personas, de las cuales, 10 millones carecen del vital recurso y el resto tiene acceso irregular.

Alertaron que en Yucatán el acuífero subterráneo está gravemente amenazado por 400 megagranjas de cerdos y empresas cerveceras, refresqueras e inmobiliarias, las cuales se encuentran en expansión sin una planeación adecuada de las características del territorio y sin autoridades que regulen este crecimiento desordenado.

Como en ocasiones anteriores, los declarantes provenientes de la academia, de pueblos originarios y de asociaciones sin filiación política, demandaron abrogar la Ley de Aguas Nacionales actual y expedir una nueva Ley General de Aguas que garantice el derecho humano a ese recurso, lo cual es un mandato constitucional pendiente desde 2013.

Acusaron al legislador federal, Raúl Paz Alonzo, quien asumió la presidencia de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República el 1 de septiembre de 2018, de omitir el mandato constitucional a pesar de la grave crisis.

Pidieron de manera pública al panista respuestas a preguntas sobre el por qué no se ha legislado sobre la Ley General de Aguas pendiente y el por qué no se ha garantizado el acceso, aceptabilidad, potabilidad y asequibilidad del recurso vital a los sectores sociales más vulnerables.

También solicitaron del legislador información de cómo se aborda desde el Senado el problema de sequía que se ha intensificado en los últimos tres años y la escasez hídrica en el 85 por ciento del territorio nacional.

Recordaron que el pasado 24 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió una sentencia, en la que determinó omisión del Congreso de la Unión por no emitir la Ley General de Aguas y planteó que el pendiente debería resolverse en el siguiente período legislativo, lo cual ya venció el pasado 30 de abril sin que se haya cumplido el mandato.

Acusaron al senador Paz Alonzo de estar ligado a intereses de las grandes empresas, de ahí, dijeron, su poco interés y nula participación y colaboración con la sociedad civil organizada.

Son miembros del consejo en Yucatán Rosario May Pech, Teresa Vaught Charruf, Citlalli Canul Collí, Ricardo Ruiz Limón, Jesús Daniel Aguilar Duarte, Andrea Carol Collí y Cuauhtémoc Jacobo Femat, entre otros.

(LectorMx)