Mérida, Yucatán.- Por una jornada en todo el país contra la extorsión, elevarla a delito grave y promover organizaciones comunitarias de vecinos para combatirla, se pronunció la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).
Además de los costos humanos y materiales, consecuencia de la inseguridad, la extorsión también impulsa la inflación alimentaria en el país, elevando los precios de los productos y alimentos de consumo popular, puntualizó, al exponer de manera pública una serie de propuestas para combatirla.
El tema es materia de preocupación del pequeño comercio, por lo que es urgente procurar un ambiente de paz en carreteras y ciudades que permita realizar actividades económicas y comerciales en condiciones de seguridad, indicó la ANPEC en un comunicado de prensa.
La organización que preside Cuauhtémoc Rivera señaló que la estrategia nacional de seguridad, dada a conocer recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, debe ser de mayor alcance y no sólo limitarla a cinco estados: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa.
Propuso una campaña de gran calado en todos los frentes sociales: escuelas, iglesias, organismos intermedios, clubes y juntas vecinales en las que se difunda información sobre el delito de extorsión, dando a conocer el grave daño que ocasiona a la economía y la convivencia del país.
Demandó retomar la iniciativa de elevar a delito grave la extorsión en el corto plazo, misma que quedó pendiente en la pasada administración federal. El castigo que debe imponerse debe ser ejemplar, disuasivo, que evite la idea de impunidad al hacerlo, recalcó.
Es importante involucrar a las comunidades en la defensa de sus intereses. No hay mejor mecanismo de seguridad que la organización vecinal, debidamente comunicados y conectados para la acción, agregó el dirigente del pequeño comercio.
Ante el temor de denunciar ese delito y exponer su integridad física, propuso que se organicen en redes sociales muros de denuncia que sean atendidos por las autoridades, en donde cada queja o querella sea motivo de una indagación oficial por las procuradurías.
Una alternativa será también instalar cámaras de videovigilancia y botón de pánico en los puntos de venta del comercio local, lo que es posible ya que la tecnología ahora tiene un precio accesible que podría constituir una red de mayor alcance de disuasión a favor de la seguridad y combate a la violencia y a la extorsión.
(LectorMx)
