Mérida, Yucatán.- La postura de Morena de seis años en contra de las energías alternativas dio un vuelco en el ámbito local con la Ley de Bienestar Energético para el Estado y la Agencia de Energía de Yucatán (AEY).

El Congreso estatal aprobó ambos asuntos que permitirán retomar unos 20 proyectos que permanecieron congelados por las normativas federales durante el sexenio anterior.

Con un discurso distinto a ese pasado reciente, la Fracción Parlamentaria de color guinda y sus aliados oficialistas votaron a favor.

“Es indispensable la suma de esfuerzos entre poderes públicos para alcanzar todos los beneficios e implantar el uso vanguardista de modelos energéticos desde las entidades federativas”, justificó Germán Quintal Medina, al hablar de la política de los gobiernos de la 4T.

“Actualmente la tendencia mundial es transitar a energías diversas a las fósiles…”, expuso sin mencionar que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se modificó el marco jurídico y se trabaron las inversiones proyectadas.

Por el contrario, el diputado morenista achacó que el “neoliberalismo de las administraciones pasadas” frenó el avance y crecimiento en igualdad de condiciones.

“Por lo tanto, es importante resaltar, que un gran número de personas dependen del uso de las energías tradicionales, por lo que es necesario asumir un papel protagónico para combinar el uso de todos los recursos hasta alcanzar la suficiencia energética nacional y sobre todo la de la entidad”, señaló.

Según el dictamen respectivo, la Ley de Bienestar Energético para el Estado se considera una política pública local orientada a detonar ese sector para beneficio de las y los yucatecos con pleno respeto a las atribuciones de las autoridades federales en la materia y apego total a las disposiciones federales aplicables.

El objetivo de la ley es coadyuvar para que los esfuerzos del gobierno federal rindan frutos mediante el impulso de una política energética sustentable dentro del territorio estatal, asienta el documento.

En cuanto a la creación de la AEY –indican sus promotores–, será un ente administrativo especializado en materia energética.

“Un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios cuya actuación no será libre y exenta de control sino que estará apegada a lo establecido en los ordenamientos correspondientes a su vigilancia y son controlados de manera indirecta por la administración centralizada.

“El objetivo de este nuevo producto legislativo es conseguir el bienestar del pueblo, ya que la Agencia de Energía de Yucatán, implementará políticas públicas en materia energética en el ámbito local para beneficio de todos los sectores, y fungirá como órgano de enlace para las tareas entre dependencias y entidades que tengan un impacto en el sector de la energía y sus diversas manifestaciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias”, asumen.

En el ámbito municipal –rematan–, por medio de convenios o acuerdos de coordinación se fomentará que los ayuntamientos adopten medidas análogas en materia de eficiencia energética y el uso de fuentes de energía limpias y renovables, todo con apego a lo que ordena el artículo 115 constitucional.

A su vez, la panista Sayda Rodríguez Gómez advirtió que producir más energía no será suficiente para reducir los costos para los consumidores.

Debemos, propuso, exigir una modernización de la infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para “desaturar” nuestras redes y garantizar la estabilidad del suministro.

“Yucatán enfrenta una problemática que no podemos ignorar, ya que dependemos casi por completo de combustibles fósiles como el gas natural y el combustóleo para generar electricidad; y aunque nuestra capacidad instalada es suficiente para abastecernos, tenemos que saber que enviamos energía a nuestros vecinos de Campeche y Quintana Roo; el 70 por ciento de la energía eléctrica consumida en Quintana Roo se produce en Yucatán, y nosotros asumimos las consecuencias ambientales y sociales de esa operación”, ahondó en tribuna.

“Y si tenemos la capacidad instalada y una termoeléctrica más en construcción, ¿por qué seguimos enfrentando apagones y altos costos?”, cuestionó la ex secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán.

“Bueno –reviró–, la respuesta es muy clara:

1. La cantidad de gas natural que llega a la península es insuficiente y de baja calidad energética. De los 400 a 600 millones de pies cúbicos diarios que necesitamos, solo recibimos un promedio de 70 millones; además, este gas es caro y energéticamente ineficiente.

2. Las redes de distribución de energía no han recibido la inversión necesaria para adaptarse al crecimiento urbano, a las demandas de la industria y a los desafíos del cambio climático. Es decir, necesitamos subestaciones, redes nuevas y mantenimiento en todos los niveles”.

Y citó que, dadas las políticas energéticas del sexenio federal anterior, hoy la generación eólica y fotovoltáica en la península sólo representa el 12.1 por ciento de la capacidad eléctrica instalada.

Pero, con base en estimaciones de expertos, podríamos alcanzar mil 653 Mega Wats en energía solar y 9,760 Mega Wats en energía eólica.

No obstante, aclaró que el tema no termina con la energía eólica y solar.

También existen posibilidades de generación de bioenergía, energía oceánica e incluso la producción de hidrógeno verde, que podría posicionar a Yucatán como líder en innovación energética, concluyó.

(LectorMx)