Mérida, Yucatán.- La aprobación de modificaciones a la Ley del Notariado de Yucatán, que aumenta de 100 a 154 las notarías públicas en el estado, estuvo enmarcada por posiciones irreconciliables de dos de las principales bancadas con presencia en el Congreso local.
En la discusión del dictamen respectivo, representantes de las fracciones del PAN, Morena y PRI esgrimieron razones jurídicas, políticas, sociales y hasta partidistas.
El principal cambio en la legislación, procesada en 15 días, se centró en el aspecto demográfico, con lo que el promedio actual de un notario por cada 20 mil habitantes bajará a 15 mil.
“Así, el incremento de la actividad económica conlleva un crecimiento de las operaciones y transacciones que se llevan a cabo en nuestra entidad federativa, reflejándose en la constitución de nuevas empresas, la formalización de asambleas, el otorgamiento de poderes para la realización de diversas operaciones, y desde el ámbito personal la adquisición de vivienda, el otorgamiento de testamentos y la ejecución de estos, y demás actos relacionados”, alegó la panista Carmen González Martín, presidenta de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Sin embargo, reconoció que el trabajo legislativo debe continuar para fortalecer la fe pública, para robustecer la seguridad jurídica de las operaciones y actos que se llevan a cabo frente a los notarios.
Alejandra Novelo Segura, coordinadora de Morena, señaló que lo avalado es “la consolidación del cartel inmobiliario en Mérida y en todo Yucatán”.
En tribuna, acusó que la soberanía del Poder Legislativo ha sido vulnerada “mediante un golpe técnico” para aprobar, con prisa sospechosa, una iniciativa dedicada a las y los amigos del gobierno del estado.
“El Grupo Parlamentario de Morena no dejará de señalar estas irregularidades y advierte que en un futuro no muy lejano estos nexos del poder público con el cartel inmobiliario provocarán problemas muy graves para nuestro estado”, asentó.
Gaspar Quintal Parra, líder del PRI en el recinto, consideró que con la ampliación de notarías se combate, por un lado, el oligopolio de la función notarial y, por otro, abre la posibilidad de una mayor competencia que estimule la reducción de los precios de los servicios notariales; así como la oportunidad de acercar la prestación de estos servicios a más ciudadanos.
“Desde la óptica de la Fracción Legislativa del PRI, la reforma que nos ocupa el día de hoy debe tomarse como un primer paso de una revisión profunda y seria de la actividad notarial en nuestro estado, cuya regulación data, en algunos aspectos, de casi 100 años, como es el caso del Arancel de Notarios y Escribanos, el cual, desde su emisión el 20 de mayo de 1939, no ha sido reformado; y contempla anacronismos como la condición vitalicia del encargo”, dijo.
Por ello, urgió a una “reforma de gran calado” de la función notarial en Yucatán, que priorice la función social y deje atrás la visión de un negocio con jugosas ganancias económicas.
Como consecuencia, planteó bajar los costos de los servicios notariales, haciéndolos asequibles para los que menos tienen; asegurar su accesibilidad a toda la población, principalmente de los municipios del interior del estado, y garantizar la actuación honesta de quienes ejercen la actividad notarial.
“En tal virtud, y con el objetivo de iniciar este amplio debate, la Fracción Legislativa del PRI presentará, el día de hoy, una iniciativa mediante la cual se propone la creación de una Tarifa Social que garantice a las personas que carecen de recursos económicos suficientes, el acceso a servicios notariales con una reducción de al menos el 50 por ciento de los honorarios por estos servicios, sin considerar los pagos de patentes y derechos”, anunció.
Su propuesta incluye la creación de un capítulo denominado Delitos Derivados de la Función Notarial, en el Código Penal del Estado, en donde se sancionen los tipos penales para las y los notarios.
Los cambios en la Ley del Notariado de Yucatán recibieron apoyo mayoritario del pleno, con el voto en contra de Morena.
(LectorMx)