Mérida, Yucatán.- Con mayoría de votos del Congreso de Yucatán, la contrareforma a la Ley del ISSTEY quedó aprobada en restitución parcial de beneficios para el retiro del magisterio estatal y de la burocracia en el estado.

Los diputados de Morena, de sus aliados, del PRI y de MC sacaron adelante la iniciativa del gobernador Joaquín Díaz Mena, con lo que revirtieron medidas que había implementado el sexenio de Mauricio Vila Dosal.

El bloque oficialista no hizo caso al llamado urgente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Yucatán que expresó preocupación ante el tema y pidió que “cualquier modificación se realice con visión de largo plazo, responsabilidad técnica y pleno diálogo entre todos los sectores de la sociedad”.

El dictamen establece nuevamente reducción de la edad para poder jubilarse, elimina el salario regulador y congela al 11 por ciento las cuotas.

A mano alzada, los integrantes de la Legislatura manifestaron su decisión.

La Comisión que estudió el asunto nunca recibió información económica alguna para valorar la viabilidad financiera de la propuesta y que estos números se puedan actualizar, se quejó el coordinador de la bancada del PAN, Roger José Torres Peniche.

“Sin embargo, estos recursos no son eternos, ni pueden usarse para pagar pensiones si su función es preservar el patrimonio institucional, no financiar un esquema deficitario.

“Con base a un estudio actuarial se advirtió que sin la reforma del 22, la liquidez de la institución se agotaría en el 2030. Ese es un hecho matemático, fundado y documentado”, reprochó.

Según sus cálculos, con esta contrareforma ese escenario se adelanta peligrosamente dos años.

“Una medida políticamente atractiva, pero financieramente sucia”, puntualizó.

Advirtió en nombre de su grupo parlamentario que esta supuesta “corrección” es en realidad una decisión políticamente rentable, pero financieramente insostenible.

A su vez, Morena alegó que se tomaron en cuenta aspectos de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó artículos de la Ley ahora modificada.

El líder de los morenistas, Wilmer Monforte Marfil, deploró la postura de los panistas de no querer rectificar y les espetó que antepongan criterios monetarios.

El priísta Gaspar Quintal denunció que el dictamen no regresa al 8 por ciento las aportaciones de los trabajadores, no tipifica como delito el robo de cuotas, y pospone hasta el 1 de enero del 2026 la vigencia de los cambios.

No obstante, justificó su voto a favor ya que representa “un avance mínimo”.

En un posicionamiento ayer, el CCE Yucatán alertó que una reforma de esta naturaleza no puede resultar adecuada sin un análisis profundo, técnico y transparente que evalúe sus implicaciones financieras y sociales.

“Las decisiones en materia de seguridad social deben estar sustentadas en diagnósticos financieros y actuariales sólidos, que garanticen tanto la protección de los derechos de los trabajadores como la sostenibilidad del sistema. Cualquier modificación que se realice debe formar parte de una planeación integral que asegure la viabilidad del modelo, evitando que se generen presiones futuras sobre las finanzas públicas y preservando la estabilidad económica del Estado”.

Además, anticipó la posibilidad de que, en el futuro, eventuales desequilibrios financieros pudieran derivar en nuevas cargas o contribuciones al sector productivo o a la ciudadanía.

(LectorMx)