Mérida, Yucatán.- La quiebra declarada de más de 80 rutas del sistema “Va y Ven” y la amenaza de paralización del servicio entraron en compás de espera.

El adeudo de 180 millones de pesos de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) a los permisionarios aún permanece como detonante de una eventual crisis.

Ante el amago de paro de labores de parte de los empresarios, autoridades estatales anticiparon que tomarían la operatividad de la red.

El Gobierno del Estado y ATY garantizaron “normalidad” en la atención al público.

“Ninguna familia yucateca se quedará sin transporte, porque la prioridad es la gente que todos los días utiliza este sistema para trasladarse”, advirtieron.

En cuanto a los compromisos financieros y las obligaciones pendientes, ofrecieron diálogo directo con las concesionarias, conforme al contrato.

Refirieron que el “Va y Ven” operaba bajo un esquema de “kilómetro garantizado”, diseñado desde su origen, que permitía pagos incluso por distancias no cubiertas y generó sobrecostos insostenibles para el erario.

“Ante esta situación, el Gobierno del Estado actuó de manera responsable. A través del Congreso del Estado se aprobó el Decreto 187/2026, vigente desde el 26 de mayo, mediante el cual se sustituye dicho esquema por el pago por kilómetro efectivamente recorrido, además de crear una Junta Directiva y reforzar el monitoreo del sistema.

“Se trata de un modelo más justo para las y los contribuyentes, más transparente para las finanzas públicas y más sólido para las empresas concesionarias, al ordenar la operación y dar mayor certeza al servicio”, citó un comunicado.

Para conducir la transición, el gobierno del estado comprometió la instalación “de inmediato” de una mesa técnica y financiera con las empresas concesionarias y la Junta Directiva de la ATY.

En ese espacio de concertación “se conciliarán cuentas y se revisarán las condiciones contractuales con un propósito central: garantizar que el servicio no se interrumpa”.

No hay mención de plazos ni de condiciones para negociar el monto reclamado.

En suma, el Gobierno de Yucatán reafirmó que la movilidad es un derecho de la gente, no una mercancía de unos cuantos.

“Por ello, sostendrá el servicio, cumplirá con los pagos que correspondan y mantendrá cuentas claras, con responsabilidad, honestidad y resultados”, remarcó.

(LectorMx)