Mérida, Yucatán.- Mérida se posicionó entre los diez municipios de México con mayor número de alojamientos ofertados en plataformas digitales de hospedaje como Airbnb, una muestra del crecimiento turístico que vive la capital yucateca, pero también un llamado a establecer reglas claras para esta actividad, señaló el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (CETUR).

De acuerdo con información de Inside Airbnb retomada por Quinto Elemento Lab, la ciudad concentra más de siete mil alojamientos registrados en la plataforma, cifra que la ubica en el décimo lugar a nivel nacional. A este fenómeno se suman municipios como Valladolid y Progreso, que también reportan una importante presencia de propiedades destinadas a la renta vacacional.

Según los datos, la Península de Yucatán y el Caribe mexicano concentran cerca del 20 por ciento de toda la oferta nacional de hospedaje de corta estancia, reflejando el atractivo turístico de la región y la expansión de este modelo de alojamiento.

Sin embargo, CETUR advirtió que la actividad ha evolucionado más allá del esquema tradicional de familias que rentan ocasionalmente una habitación o vivienda. Actualmente, una parte significativa de la oferta es operada por administradores que gestionan múltiples propiedades de manera simultánea, convirtiendo a la renta vacacional en una industria que compite directamente con la hotelería.

“Que Mérida esté entre las diez ciudades del país con más alojamientos habla muy bien de nuestro destino. Pero un crecimiento de esta magnitud también nos obliga a poner orden”, afirmó el presidente de CETUR, Jordy Abraham Martínez.

El dirigente empresarial aclaró que la intención no es restringir la actividad, sino garantizar condiciones equitativas para todos los prestadores de servicios turísticos.

“No se trata de prohibir ni de ir contra nadie; se trata de que quien ofrece el mismo servicio juegue con las mismas reglas y de emparejar el piso con la hotelería”, sostuvo.

Competencia desigual

El organismo explicó que los hoteles deben cumplir con una serie de requisitos para operar, entre ellos licencias municipales, permisos, verificaciones, normas de protección civil y diversas obligaciones fiscales. En contraste, una parte importante de las propiedades ofertadas mediante plataformas digitales no está sujeta a los mismos controles ni cuenta con registros oficiales que permitan conocer con precisión cuántas existen y dónde se encuentran.

Para CETUR, la regulación debe enfocarse en que quienes realizan esta actividad de manera habitual cumplan con obligaciones similares a las exigidas al sector hotelero, tanto en materia fiscal como administrativa.

Seguridad y control

El Consejo también destacó que la expansión de la renta vacacional plantea desafíos en materia de seguridad pública. Mientras los hoteles mantienen registros de huéspedes y operan bajo supervisión de las autoridades, muchas propiedades ofertadas en plataformas funcionan sin mecanismos de identificación claros.

“En muchos casos, ni las autoridades ni los vecinos saben quién está detrás de cada propiedad ni quién entra y sale de ella”, señaló el organismo.

Abraham Martínez consideró que la creación de un padrón o registro permitiría conocer quiénes operan estos inmuebles y dónde se ubican, facilitando la supervisión y la atención de posibles incidentes.

“No se puede cuidar lo que no se conoce. Tener identificado quién renta y dónde es el primer paso para que Yucatán siga siendo el estado seguro que hoy nos distingue”, afirmó.

Llamado a una regulación ordenada

CETUR señaló que actualmente existen las herramientas tecnológicas y la información necesaria para avanzar en un esquema de regulación eficiente.

“Las condiciones están dadas. Hoy sabemos cuántos son, dónde están y quién los opera, y existe la tecnología para registrarlos y darles seguimiento. Lo que sigue es voluntad para ordenar la actividad”, indicó el dirigente empresarial.

Finalmente, el organismo turístico expresó su disposición para colaborar con autoridades estatales y municipales en el diseño de mecanismos que permitan regular la renta vacacional sin afectar la competitividad ni el atractivo turístico de Yucatán, con el objetivo de generar beneficios para visitantes, empresarios y comunidades locales.