Mérida, Yucatán.- El futuro del proyecto turístico “Las Dunas”, en Chuburná Puerto, quedó en manos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó hoy que su administración está “siempre a favor de proteger nuestras costas”.

En un intento de deslinde de responsabilidades, la titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), Neyra Silva Rosado, ofreció una relatoría del caso y amplió la postura oficial.

En su conferencia de prensa, Díaz Mena reiteró que “desde el primer momento” en que surgieron los cuestionamientos se solicitó a la Semarnat revisión.

“Mi postura es muy clara, el proyecto debe revisarse técnicamente y debe procederse conforme al deber ser… La costa es de las familias que viven en ella y debemos de cuidarla”, expresó.

Silva Rosado declaró que el gobierno estatal comparte la preocupación que tiene la ciudadanía y que la protección ambiental es prioridad.

“La costa yucateca no solo es uno de nuestros mayores patrimonios naturales, también es el sustento de miles de familias y un ecosistema estratégico para el futuro de este estado”, definió.

Entre los datos y conceptos que compartió destacan:

1. El terreno es de 92 mil 017 metros cuadrados, en el municipio de Progreso.

2. Contempla la construcción de un complejo turístico integrado por 14 torres con 138 departamentos, además de áreas comerciales, estacionamientos y servicios complementarios.

3. El sitio se encuentra dividido por la carretera costera Yucalpetén-Chuburna Puerto, por lo que el desarrollo se plantea en dos secciones, como lo pueden ver.

Debido a la confusión de los últimos días, precisó que una Factibilidad Urbana Ambiental o FUA es un dictamen técnico que determina la compatibilidad de una acción urbanística con los instrumentos de ordenamiento territorial urbano y ambiental aplicables.

“Esta no constituye una licencia de construcción, tampoco sustituye las autorizaciones municipales y tampoco sustituye la autorización federal en materia de impacto ambiental cuando esta se exige”, aclaró.

También puntualizó que un estudio de capacidad de carga es una evaluación técnica que determina cuánto desarrollo puede soportar un predio sin rebasar los límites ambientales territoriales y de infraestructura.

En términos muy sencillos, el estudio responde a una pregunta fundamental ¿cuánto se puede construir en este lugar sin que se comprometa el equilibrio ambiental y la seguridad de su funcionamiento a largo plazo?

CRONOLOGÍA
1. El proyecto obtuvo la licencia de uso de suelo número 079-24, emitida el 24 de febrero del 2024 por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, con vigencia original de un año.

2. En septiembre del 2024 se publicó el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Progreso, mediante el cual los predios del proyecto fueron clasificados como un área urbanizable programada tipo 1. Esta zonificación permite usos turísticos y comerciales. Debido a que la licencia fue otorgada antes de la publicación y entrada en vigor de dicho programa, el análisis de la zonificación de la situación jurídica del proyecto debe considerar el respeto a los derechos adquiridos derivados de la autorización previamente emitida.

3. Posteriormente, en julio de 2021, se emitió la FUA 399-21. Esta se emitió para un proyecto distinto al actual, que correspondía a un hotel sobre una fracción del predio, estableciendo restricciones de ocupación y excluyendo la zona del manglar.

4. En febrero del 2023 se emitió una opinión técnica del cálculo de capacidad de carga, determinando una capacidad de carga habitacional efectiva de 18.400.2 M2, equivalente al 51.12 por ciento de la superficie aprovechable que se encuentra fuera del área de humedal y de Sofemat. Esta opinión no suple el análisis de la FUA y de las otras autorizaciones competentes.

5. En abril del 2023, se emitió la FUA número 183-2023. Esta fue emitida para el proyecto denominado Complejo Turístico Las Dunas. El dictamen determinó su compatibilidad con los instrumentos de ordenamiento aplicables y estableció condicionantes ambientales, incluyendo la protección de áreas de conservación.

6. Cuando esta administración recibe el expediente, ya la ruta estaba trazada, la zonificación municipal ya se había modificado, la licencia municipal se había otorgado y la factibilidad estatal original ya había sido emitida. En este contexto, el 22 de noviembre del 2024, el INDUT ratifica la factibilidad mediante el dictamen FUA 632-2024, una ratificación de trámites sobre un expediente que ya estaba encaminado en los mismos términos y con las mismas condicionantes de conservación total y con una vigencia de un año. Entre enero y febrero del 2025, durante el Procedimiento Federal de Evaluación Ambiental, la Semarnat solicitó información técnica al Gobierno del Estado respecto a la vinculación del proyecto con el POETCY.

7. La Secretaría de Desarrollo Sustentable emitió una opinión técnica señalando que el proyecto no se contrapone con el programa de ordenamiento (POETCY), pero que su viabilidad queda sujeta al cumplimiento de los criterios y cálculo de capacidad de carga establecidos en este instrumento.

8. En julio del 2025, en el marco del análisis técnico ya interno relacionado con el ordenamiento ecológico, la Secretaría emitió una opinión especializada en la que se solicitó complementar información técnica del expediente con los elementos necesarios para poder validar el cálculo de capacidad de carga previsto en el POETCY, incluyendo los factores estructurales y morfodinámicos de la duna.

En resumen, Silva Rosado dijo que ante la preocupación expresada por sectores de la sociedad, el Gobierno del Estado pidió formalmente a la Semarnat y a la Profepa verificar el cumplimiento de todas las autorizaciones y las condicionantes ambientales.

Toda la información técnica en poder de la SDS se puso a disposición de ambas autoridades.

“Hoy se encuentra abierto y en curso un procedimiento administrativo por parte de la Profepa y por su parte la Semarnat ya está revisando a detalle el proyecto y su respectiva autorización. Nuestro compromiso en materia ambiental, todos tenemos y cada una de las autoridades tiene responsabilidades claramente definidas por la ley”, acotó la funcionaria.

“La protección del patrimonio natural de Yucatán requiere que nosotros como instituciones trabajemos conjuntas y actuemos con responsabilidad. Y pueden estar seguros que actuaremos siempre con apego a la ley y con sustento técnico, pero sobre todo con absoluta transparencia”.

(LectorMx)