Mérida, Yucatán.- Más de 20 horas de bloqueo en el periférico sur de Mérida terminaron sin personas detenidas, ni sancionadas: “saldo blanco y pleno respeto a los derechos humanos”, presumieron las autoridades estatales.

El estrangulamiento de un segmento del estratégico anillo urbano no ameritó reprimenda ni castigo. Los perjuicios a ciudadanos y las pérdidas económicas archivados del olvido.

¿Quiénes son los responsables, organizadores y participantes del prolongado cierre? La respuesta quizá pueda aportar luz.

A las 5:22 horas de este viernes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) difundió la reapertura del paso, en coincidencia con la reunión de la “Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Yucatán”.

La versión del cobro de facturas electorales del “ala tabasqueña en Morena” como parte de la protesta sigue vigente, tomó fuerza.

¿Cuáles fueron los acuerdos, los arreglos para la retirada de los manifestantes? Nada se sabe, por ahora.

La SSP, tan celosa y severa con infractores del tránsito y de la vialidad, tardó casi un día completo en cumplir su obligación.

Con respecto al operativo coordinado entre la policía y la Fiscalía General del Estado, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que “el orden se protege con instituciones que actúan con firmeza y profesionalismo”.

Se refirió así al restablecimiento del libre tránsito y la recuperación del predio del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) en San José Tecoh.

“En Yucatán nadie está por encima de la ley. Quiero agradecer y reconocer expresamente a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública y a las Fiscalías por la coordinación con la que se ejecutan estos operativos”, dijo en la junta matutina.

Por su lado, el diputado federal de Morena, Óscar Brito Zapata, alertó de injerencia de personas que manipulan las necesidades de familias y deslizó posibles intereses políticos.

Las declaraciones en un programa de radio, cuyo extracto compartió el equipo del legislador.

Pidió diferenciar entre quienes verdaderamente requieren habitación y los que promueven la ocupación irregular de terrenos para obtener beneficios económicos.

“Desafortunadamente hay quienes ya vieron un modelo de negocio en este tema de las invasiones”, expuso.

“Hay quienes traen detrás un trasfondo fuertemente económico, pero yo me atrevería a pensar incluso político”, aseveró.

A su vez, la dirigencia de Morena en Yucatán defendió el orden, la legalidad y el respeto al patrimonio colectivo.

“No puede haber justicia cuando prevalece la incertidumbre jurídica, ni bienestar cuando se pone en riesgo el derecho de la sociedad a contar con espacios públicos destinados al desarrollo de las comunidades.

“Nuestro movimiento nació bajo el principio de primero los pobres, y ello implica asumir el compromiso de que cada familia pueda acceder a una vivienda digna, con certeza jurídica, servicios públicos y seguridad patrimonial”, asentó.

Luego, el Comité Ejecutivo Estatal de ese partido abordó el caso concreto de San José Tecoh, al sur de Mérida.

“Por ello, si existieron personas que aprovecharon la necesidad de familias yucatecas para promover ocupaciones irregulares, hacer falsas promesas o lucrar con la esperanza de quienes buscan un lugar donde vivir, deberán responder ante las autoridades competentes.

“La pobreza nunca debe convertirse en un negocio ni la necesidad de la gente puede ser utilizada para obtener beneficios personales o políticos. Quien engaña a una familia vulnerable atenta directamente contra los principios de justicia que defendemos como movimiento”, sentenció.

No hubo alusión al origen de los inconformes, tampoco de su cercanía con líderes de Morena.

(LectorMx)