Jesús Mejía
Mérida, Yucatán.- Organizaciones civiles, representadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), ratificaron su defensa del entorno natural de las dunas de Chuburná, en Progreso, y desmintieron que las empresas inmobiliarias hayan obtenido resoluciones judiciales favorables para continuar sus proyectos de construcción en la zona.
“La comunidad organizada aclara y desmiente rotundamente las versiones recientes que aseguran, de manera errónea, que el proyecto inmobiliario Las Dunas habría sido aprobado o que las obras se reanudarán en breve”, señaló la organización en relación con las acciones de protección ambiental.
Precisaron que la suspensión definitiva concedida el pasado 29 de septiembre de 2026 por el Juzgado Primero de Distrito, dentro del juicio de amparo 1771/2026-I-D, continúa vigente y surtiendo efectos legales, por lo que se mantienen detenidas las obras y las actividades relacionadas con las licencias de construcción, uso de suelo y urbanización en la zona.
Explicaron que el juzgado concedió la suspensión definitiva contra el proyecto inmobiliario, lo que impide ejecutar las autorizaciones correspondientes otorgadas a empresas como Auralux Representaciones, S.A. de C.V. La medida deriva de los juicios de amparo promovidos por vecinos, con el apoyo de organizaciones como Kanan Derechos Humanos y el CEMDA.
El predio en disputa abarca 92 mil metros cuadrados, donde las empresas proyectaron construir 14 torres residenciales con cerca de 138 departamentos, además de locales comerciales.
Para desarrollar el proyecto, se avanzó en la remoción de vegetación costera con maquinaria pesada, lo que afectó las dunas. De acuerdo con especialistas en ecología, estos ecosistemas funcionan como barreras naturales frente a huracanes y tormentas, ayudan a reducir la erosión de las playas y sirven como zonas de anidación para las tortugas marinas.
Ante esta situación, exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar las inspecciones correspondientes e identificar todos los actos u omisiones que hayan provocado daños al ecosistema de dunas y a las especies protegidas.
También recordaron a las autoridades municipales y estatales, así como a la empresa desarrolladora, que la orden judicial dictada en el amparo 1771/2026-I-D prohíbe realizar obras o maniobras en el área sujeta a la suspensión.
Asimismo, pidieron a las autoridades ambientales actuar conforme a la ley e imponer las medidas correctivas y sanciones que correspondan, con el fin de garantizar la protección del territorio.
Las organizaciones reiteraron su respaldo a las comunidades y pueblos de Yucatán que se organizan para oponerse a megaproyectos inmobiliarios, la extracción de piedra y las actividades industriales que, a su juicio, ponen en riesgo la vida comunitaria, la selva y los recursos hídricos del estado.
Ante los intentos de desarrollar proyectos en la costa yucateca, afirmaron que mantendrán la vigilancia ciudadana y las acciones legales ante las autoridades correspondientes hasta lograr la cancelación total del proyecto y la protección integral de las dunas de Chuburná Puerto.
(LectorMx)
