Mérida, Yucatán.- Organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos de las mujeres expusieron que los poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán han incumplido con la seguridad y protección legal integral, así como garantizar una vida libre de violencia a las féminas.
En un pronunciamiento conjunto, denunciaron “graves omisiones” en la materia por parte de los y las diputadas, así como el propio Gobierno del Estado.
Indicaron que en el ámbito legislativo no se ha avanzado en las normas que definan los procedimientos para aplicar las penas por violencia psicológica, económica, educativa y ginecoobstetra, pese a que ya están estipuladas en Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Representantes del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas; Ciencia Social Alternativa Kóokay, Nancy Worker, y Yucatán Feminicida, Nayeli Torres, acusaron que el Gobierno estatal no ha lanzado campaña alguna para prevenir la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, en la que las mujeres son principales víctimas.
Reprocharon que la modificación al Código Penal del Estado en junio de 2016, de eliminar el delito de Abuso Sexual de la lista de Delitos Graves, permitió que los presuntos responsables puedan llevar el proceso penal en libertad, resta gravedad al mismo y da un mensaje de permisividad a la sociedad, poniendo en riesgo a las víctimas.
Respecto al Feminicidio, del cual se han sancionado dos expedientes en Yucatán, con penas de entre 30 y 35 años de prisión, mencionaron que desde 2008 a la fecha se han contabilizado 61 casos, por lo que es necesario elevar las penas a 50 años de prisión como se establece en la legislación federal.
Por ello, las activistas exigieron a diputados y diputadas homologar el delito de Feminicidio del Código Penal de Yucatán con lo que establece el Código Federal, puesto que actualmente el tema se ve limitado por los cambios introducidos por el Congreso local en 2014.
Las activistas recordaron que esta misma exigencia fue realizada el pasado 25 de noviembre en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sin ninguna respuesta clara por parte de los y las legisladoras hasta el día de hoy.
Adelaida Sala comentó que las mujeres sólo son tomadas en cuenta el 8 de marzo y el 25 de noviembre, por lo que urgió al Gobierno del Estado a diseñar e aplicar un Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Además, alertaron que el Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH) tiene la obligación de implementar un Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres desde el año 2008.
“Es decir, dicho Instituto lleva 9 años incumpliendo con el mandato que establece la Ley”.
Anticiparon que este miércoles 8 de marzo, en ocasión del Día Internacional de la Mujer, fecha que aclaró es para conmemorar no para festejar, llevarán a cabo sendas movilizaciones a las 9 y a las 17 horas frente al Palacio de Gobierno.
Allí, exigirán que tanto el Congreso como el Gobierno del Estado realicen la tarea pendiente y protejan a cabalidad los derechos y la integridad de las mujeres.
(Jesús Mejía)
