Mérida, Yucatán. – El actual vicefiscal anticorrupción, antes Ombudsman y Secretario Ejecutivo de la Codhey en el período de Jorge Victoria, José Enrique Goff Ailloud, fue emplazado por un Juez Federal a acudir, si así le conviene, como tercero interesado, por el caso de la alteración de un documento y falsificación de firmas en un expediente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.

También fueron emplazados Jorge Victoria Maldonado, quien fungía como Ombudsman cuando se dio la alteración de documentos, así como los visitadores de la Codhey Edwin Alejandro Arcila Cordero, Ileana de Lourdes Braga Lope y Miguel Oscar Sabido Santana, quien se encuentra actualmente encargado de la Codhey ante la renuncia de Goff Ailloud.

El fraudulento cierre del expediente se dio en un caso grave en el que la negación del servicio médico derivó en la muerte de una persona migrante y la desatención y falta de medicamentos para personas con VIH/Sida puso en riesgo la vida de más de dos mil personas en Yucatán.

Eran dos casos que de manera forzada e indebida la Codhey reunió en un solo expediente para concluirlo de manera fraudulenta en una acción que pareció proteger al Gobierno de Rolando Zapata Bello.

Si bien a raíz de la denuncia la Codhey reabrió el expediente y emitió la recomendación 17/2016 dirigida al Secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, la alteración de documentos y la falsificación de firmas siguió impune.

El caso llegó a un Juzgado Federal por la vía del amparo por inacción del Ministerio Público ante la denuncia interpuesta por Oasis de San Juan de Dios y el Equipo Indignación desde agosto de 2015. La firma de Carlos Méndez Benavides, director del Oasis de San Juan de Dios, fue falsificada para cerrar un expediente justo cuando estaba por concluir la gestión de Jorge Victoria Maldonado al frente de la Codhey.

Además de la firma de Carlos Méndez también se había falsificado la firma de doña Eva Pool, quien fuera voluntaria del albergue, en un “acta de conclusión” del expediente. Dicha acta está fechada el 7 de mayo de 2015 cuando doña Eva falleció el 10 de enero de este año.

A pesar de que una prueba pericial ha confirmado la alteración del documento y falsificación de firmas, el Ministerio Público ha omitido continuar con las investigaciones, concluir y consignar el expediente.

El amparo procedió y, además de emplazar a las personas señaladas, se ha fijado fecha para celebrar la audiencia constitucional para el próximo 21 de febrero de 2018.

En su momento, el equipo Indignación y Oasis de San Juan de Dios enviamos un extrañamiento a las y los consejeros de la Codhey por este caso.

Asimismo, el equipo Indignación ha señalado reiteradamente las deficiencias en la labor de la Codhey, complaciente con el gobierno de Rolando Zapata, lo cual reiteramos cuando se propuso al Ombudsman como Vicefiscal Anticorrupción. Señalamos que ambos, Gobernador y Ombudsman, uno al proponer y otro al aceptar, mostraron poco respeto al cargo del Defensor del Pueblo, como si fuera un funcionario disponible para cualquier encomienda.

Actualmente la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán se encuentra acéfala.

(Comunicado)