Mérida, Yucatán.- Pese a los esfuerzos de las fracciones del PRI y del PRD de mantenerlo en el puesto, la mayoría de diputados del Congreso local determinaron no ratificar en el cargo a César Andrés Antuña Aguilar al frente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

Con 14 votos a favor y 11 en contra fue el pronunciamiento de los legisladores en torno del dictamen, con lo cual no repetirá en el puesto al que llegó el 3 de septiembre de 2013.

En la apertura del primer periodo de sesiones del segundo año de la LXII Legislatura, el saliente funcionario fue duramente cuestionado por representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), en tanto salieron en su defensa los del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y único miembro del Partido de la Revolución Democrática.

América Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, ambas de MC, expusieron que fue deficiente el desempeño de Antuña, ya que no dio celeridad a los juicios y dejó laudos pendientes de ejecución que propiciaron adeudos y perjuicio a las inversiones en obras públicas municipales.

López Escoffié afirmó que la gestión del magistrado presidente provocó un grave daño a la hacienda de los municipios, los cuales han tenido que recurrir a instancias federales por deudas acumuladas superiores en conjunto a los 700 millones de pesos.

Acusó, con base en testimonios de abogados, de que cometió anomalías como aplazar la ejecución de laudos, incurrir en el tráfico de influencias y evidenciar notables ausencias en el tribunal.

“En el PAN consideramos que le ha quedado a deber a la ciudadanía, toda vez que Antuña reconoció carecer del marco legal para la solución de sus laudos y nunca tuvo la decisión de proponer iniciativas en ese sentido”, aseveró a su vez la coordinadora de los diputados panistas, Rosa Adriana Díaz Lizama.

Expuso que el funcionario dejó a la fecha a 48 municipios con laudos pendientes que han acrecentado los adeudos y comprometiendo los servicios básicos a la población, y citó el caso del municipio de Hoctún, que presenta un pásivo por más de 50 millones de pesos.

El priista Luis Borjas contrastó que la eficiencia en el cargo del magistrado Antuña fue evidente en el ejercicio de su cargo, en particular al dictar resoluciones al 82 por ciento de las denuncias, por lo que llamó a no hacer caso de “rumores” e “informaciones subjetivas” en torno del servidor público.

Alejandro Cuevas Mena, del PRD, manifestó que la Legislatura no es el espacio para denunciar posibles anomalías, para eso, apuntó, están los órganos de justicia, por lo que pidió el respaldo a su labor.

En la sesión de este día, los diputados aprobaron sendas convocatorias para designar a un integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y a tres intergantes del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

(Jesús Mejía)