Foro organizado por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia Instituto Nacional de Antropología e Historia

Antecedentes

Desde el mes de octubre del año 2018, nuestro Sindicato presentó a la Dirección General del INAH un conjunto de 49 resolutivos emanados del II Congreso Nacional de Investigadores del INAH llevado a cabo en aquel mes.

Entre esos resolutivos figuraron los relativos a los megaproyectos que han sido anunciados en este inicio de sexenio, exigiendo en síntesis, una política coherente desde el INAH para la protección a la integridad biocultural del país y de inclusión del saber y experiencia de sus trabajadores ante estas iniciativas. Sin embargo, en lugar de reconocer el aporte diagnóstico y propositivo del conjunto de dichos resolutivos, sin presentar siquiera elementos que cuestionen su pertinencia, los funcionarios no han dado respuesta concreta, descalificándolos y optando por una conducta elusiva hasta el día de hoy.
Ante ello y ante el vacío generado por los funcionarios del INAH de cara a sus propios trabajadores académicos y no académicos, en temas y problemas que son esenciales y críticos para la Institución, se organizaron dos jornadas de información y reflexión sobre el proyecto del Tren Maya y otros megaproyectos: la primera Jornada en la Escuela Nacional de Antropología e Historia el día 8 de agosto de 2019, y la segunda los días 26 y 27 de septiembre en el Centro INAH Yucatán, en la ciudad de Mérida.

Conclusiones

Las conclusiones derivadas del foro antes mencionado son:

1. El proyecto “Tren Maya” presenta implicaciones que competen directamente a la materia de trabajo del INAH, no sólo en términos arqueológicos, sino a su responsabilidad institucional respecto a la investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural del país, incluido el arqueológico.

2. Desde su anuncio oficial, el manejo de dicho proyecto por parte de los funcionarios del INAH se ha situado al margen de una perspectiva coherente con la amplitud de su cometido institucional, reduciéndolo a una dimensión superficial del patrimonio arqueológico, centrado en las actividades de salvamento y rescate, lo que evade y limita el alcance necesario de la investigación arqueológica.

3. Pero además, dicho manejo respecto a los megaproyectos, incluido el del “Tren Maya”, se ha dado sin mediar convocatoria abierta alguna a los trabajadores académicos de la propia institución, prescindiendo de su perspectiva y experiencia, exclusión que ha sido notoria, precisamente, respecto a los investigadores del área Maya y en particular hacia quienes se dedican desde hace años al campo de la antropología social, la etnología y la historia, en y sobre la región.

4. Esta manera de proceder pasa completamente por alto la responsabilidad del INAH respecto a las poblaciones que hacen posible la existencia e integridad de dicho patrimonio cultural y sin cuyo concurso la Institución no puede responder cabalmente a su cometido. Se instrumenta así una reducción arbitraria de la responsabilidad del INAH, como si el “patrimonio cultural” consistiera exclusivamente en la integridad de los vestigios arqueológicos monumentales, en clara expresión de una parodia de la cultura como mero recurso, espectáculo y/o mercancía.

5. En lugar de poner de relieve, con y desde las comunidades afectables o supuestamente beneficiables, cuáles son sus proyectos de vida y de futuro, partiendo de su propia historia, cultura y sus actuales condiciones de vida, en una perspectiva acorde con el cometido institucional del INAH, sus actuales funcionarios han acomodado dicho cometido a la medida de las expectativas políticas de quienes pretenden imponer los megaproyectos al costo que sea. Esa consigna desvirtúa a la Institución a costa de su materia de trabajo y su responsabilidad formal. La prioridad pareciera ser, para los funcionarios, quedar bien con los intereses políticos y económicos en juego y no con el interés supremo de las poblaciones, lo que contradice el actual discurso oficial.

6. Es así que se explican peculiares declaraciones de los funcionarios en torno a que el INAH “no está para parar obras”, de que al INAH compete “documentar pero no incidir” y la tendencia reiterada a minimizar su propia dimensión social.

7. Si los megaproyectos han de ser “benéficos” para las comunidades, como se pretende y anuncia, que sean ellas mismas quienes lo definan, partiendo de su propia perspectiva, de su acceso a información objetiva y de la defensa de la dimensión integral de sus territorios. No es partiendo de una concepción desarrollista exógena que ignora y minimiza los efectos depredatorios, ya de sobra documentados a diverso nivel, esgrimido un “desarrollo” sin matices y como panacea, ni a partir de la reactualización del sometimiento colonial de los pueblos, ni de la mercantilización a ultranza de la biocultura, que se podrá coadyuvar al bienestar de las comunidades.

8. Así, lo que se debe implementar es un análisis participativo y sistémico, a fin de garantizar que ningún megaproyecto reproduzca y consolide el desarrollo depredador, el sometimiento colonial y la mercantilización de nuestra diversidad biocultural. En este sentido, se debe aplicar a cabalidad el Principio Precautorio tal como ha sido enunciado por la Unesco desde 2005, el cual se está eludiendo en diversas instancias de gobierno.

9. Por consiguiente, volvemos a plantear, una vez más (numerales 30 y 31 de los resolutivos emanados del congreso de investigadores de octubre del año pasado y desde entonces presentados a los funcionarios del Instituto) que el INAH debe de instaurar un protocolo integral de evaluación, a ser aplicado de manera sistemática a toda iniciativa de megaproyectos, acorde con el alcance de su materia de trabajo, en una perspectiva transdisciplinaria, ante la diversidad de implicaciones que éstos conllevan, que tenga como referente el reconocimiento del carácter biocultural de su objeto de trabajo y, en ello, la relevancia crítica de los procesos de genuina participación social, todo lo cual se ha soslayado.

10. En ese sentido, el marco jurídico del INAH debe actualizarse en función de su materia de trabajo y no constituir un recurso argumental para vulnerar su responsabilidad.

11. Exigimos otra estrategia institucional ante los megaproyectos planteados, Tren Maya incluído: una estrategia colegiada, de base, integral y transparente, en particular coherente con la razón de ser de nuestro Instituto. Es responsabilidad de los trabajadores académicos del INAH hoy acompañar dicho proceso evaluatorio, aportando su competencia profesional y los frutos de su trabajo de investigación desde sus diversas disciplinas.

12. Los funcionarios actuales de la Institución deben colocarse al nivel que exige el cometido de la misma, dejar de adecuarla y supeditarla a intereses que degradan su materia de trabajo, y dignificar así su propio desempeño. Y lo deben de hacer como no lo han hecho hasta el día de hoy: en un marco de transparencia y de flujo permanente de información al interior del Instituto.

13. La dignificación del INAH en este momento del país depende de todos sus trabajadores y de una sociedad organizada que exija coherencia a las instituciones que ella misma sostiene con el producto de su trabajo. Esa es la transformación que se requiere.

14. En términos generales, y a pesar del manejo oficial y mediático que se ha dado, se debe reconocer en el análisis territorial que el proyecto del Tren Maya consta de dos proyectos que deben distinguirse por sus afectaciones y riesgos diferenciales: el del tramo que involucra a la región norte y occidente de la Península de Yucatán, y el de mayor vulnerabilidad socioambiental, que involucra a las zonas de mayor diversidad biocultural y menos intervenidas, y que corresponde a la región sur y oriente de la Península y a la selva mejor conservada del país, es decir, a nuestro “Pulmón Verde”.

15. Se deben de tomar en cuenta factores contextuales determinantes hasta ahora desdeñados en el proceso impositivo del Tren Maya, como sucede en todo megaproyecto, entre los cuales destaca como eje el de los derechos humanos, colectivos y laborales, y en ese marco, el cambio climático en curso, los procesos migratorios, la defensa de las economías locales, la necesidad de regulación laboral y de políticas públicas efectivas orientadas a la preservación de la diversidad biocultural y la construcción de ciudadanía.

16. Nuestro Sindicato realizará una campaña de difusión y divulgación a diverso nivel, basada en información objetiva y documentada con las comunidades, en acuerdo y conjunto con organizaciones y movimientos sociales locales.

17. La información sobre el Proyecto del Tren Maya no ha sido difundida sino en una mínima extensión. Sin embargo, diversos testimonios ponen de relieve que existe un acceso diferencial a la información, lo que está siendo utilizado con fines de especulación económica. Es imprescindible que la información se dé a conocer de manera abierta y objetiva bajo el principio del bien común, incluyendo el proyecto ejecutivo para permitir la realización de dictámenes colegiados que conformen el protocolo integral antes mencionado a cargo de comités técnicos. La insuficiente información que se maneja a nivel oficial y que se presentó en el foro de Mérida no hizo más que confirmar nuestra preocupación y fundamentar nuestro
cuestionamiento, al constituir un manejo superficial de mercadotecnia, sesgado e incongruente, con llamados retóricos a un “diálogo”, utilizados precisamente para eludir la interlocución. Existen suficientes y diversos elementos argumentales que fundamentan la no viabilidad del proyecto del Tren Maya en los términos que plantean sus promotores gubernamentales y empresariales.

18. A su vez, se debe destacar que el INAH dispone de experiencia calificada y reconocida en el dominio de la tecnología LIDAR para la localización y análisis de vestigios arqueológicos; dichos estudios deben realizarse partiendo de esa experiencia y en apego a la legalidad, a fin de que su manejo e interpretación sean objetivos ante sesgos previsibles.

19. Nuestro Sindicato organizará y llevará a cabo un foro permanente sobre la materia, a realizarse en la región afectable, convocando a movimientos sociales y organizaciones locales y regionales, a trabajadores académicos y no académicos del INAH y de otras instituciones académicas con experiencia en la materia de análisis.

20. Del mismo modo, diseñaremos dicho protocolo integral y lo aplicaremos ante el vacío de interlocución que en este y otros sentidos han generado los funcionarios, a quienes sin embargo se convocará por tratarse de una responsabilidad institucional, sin que su participación, dados los antecedentes, constituya una condición necesaria para que se lleve a cabo. Este protocolo dará prioridad a la perspectiva de las comunidades afectables y de los trabajadores académicos adscritos a los centros INAH de la región, y de manera complementaria a quienes cuentan con experiencia en la materia de análisis. Tendrá un carácter fundamentado, diagnóstico, participativo, transdisciplinario y colegiado.

21. Nuestra organización se vinculará con comunidades y movimientos sociales para apoyar el análisis de la temática, convocando a la participación de académicos del INAH y de movimientos sociales y comunidades desde la perspectiva integral ya mencionada.

22. El Proyecto de Tren Maya no es un proyecto aislado, sino un aglutinante de diversos proyectos y una expresión más de un antiguo proceso colonial, histórico y transexenal de largo plazo, de apropiación de un territorio para la imposición de un modelo ajeno a los pueblos y comunidades originarias y no originarias, en continuidad neta con los proyectos neoliberales previos, como el “Plan Puebla Panamá” y el “Corredor Biológico Mesoamericano”.

23. Dado lo anterior, como megaproyecto, el Tren Maya, de concretarse y con la actitud ya descrita que han evidenciado los funcionarios del Instituto, acabará impactando brutalmente la esencia misma del INAH.

24. En la perspectiva del actual Presidente de la República se encuentra el megaproyecto del Tren Maya, pero no hay proyecto alguno para el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo que se hizo evidente desde el 2006 y ahora se ha refrendado en este inicio de sexenio, a través del rechazo a la interlocución con sus integrantes, la designación de la titular actual de la Secretaría de Cultura y la falta misma de conocimiento y reconocimiento a la Institución justo en su ochenta aniversario.

25. Al Tren Maya, de forma irremediable y tal como estamos atestiguando con los gobiernos del área que atravesará, le seguirán infinidad de acciones de despojo, de nuevos megaproyectos turísticos de élite y extractivistas, en su misma tónica impositiva y neocolonial, pero ahora inserta en las políticas globales de la transnacionalización de capitales.

26. El Instituto Nacional de Antropología e Historia es una institución noble e imprescindible para el país.
Su razón de ser está más allá de las contingencias políticas y del ejercicio transitorio de los funcionarios en turno, que pueden, eventualmente, estar más preocupados por cuidar su puesto que por ser congruentes con la tarea de la Institución. El cometido de velar por la integridad del patrimonio biocultural del país demanda nuestro concurso como profesionales y como ciudadanos.

(Foto: archivo)

(Comunicado)