Por Adela Mac Swiney González

Madrid, España.- Ante la crisis generada por la pandemia del coronavirus Covid-19, Greenpeace demandó que no se repitan ahora los errores cometidos durante la gran recesión, que causaron el aumento de la desigualdad y la exclusión social, el desprecio a la protección de la salud ambiental o la pérdida del liderazgo en sectores como el de las energías renovables.

Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España, afirmó que “aunque la actual crisis provocada por la pandemia y la anterior crisis de 2008 tienen desencadenantes diferentes y son de naturaleza distinta, la gran amenaza a la que nos enfrentamos en las próximas semanas y meses es que los sectores más vulnerables de la sociedad vuelvan a ser los que paguen los platos rotos”.

La sede española de la organización hizo público hoy el documento titulado “De la Gran Recesión a la crisis del COVID-19: lecciones aprendidas”.

En el documento, hace un breve recorrido por la respuesta gubernamental española a la crisis de 2008, conocida como Gran Recesión, la debacle económica y social provocada por la quiebra de Lehman Brothers y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el país.

También por los recortes en políticas sociales y ambientales; el hachazo a las energías renovables y aplazamiento de la transición energética; la desprotección del territorio y destrucción de la biodiversidad y mala gestión de los recursos hídricos.

Asimismo, la marginación del mundo rural; el rescate a las entidades financieras y olvido de las personas; y la aprobación de las leyes mordaza como respuesta a la contestación social.

Según este breve informe, la crisis anterior no solo se cebó en el recorte de servicios públicos como sanidad o educación, sino también las políticas ambientales se vieron fuertemente afectadas.

Desde 2008, por ejemplo, las partidas presupuestales destinadas al medio ambiente se recortaron en un 56.5 por ciento en los Presupuestos Generales del Estado.

El resultado fue también la falta de recursos para la protección del medio ambiente, el abandono de políticas de mejora de la gestión de los recursos, del litoral, hídricos, forestales, pesqueros, entre otros y la precarización de colectivos, como la guardería forestal o los bomberos forestales.

En el sector energético, los recortes retroactivos, moratorias e impuestos, hizo que el sector de las energías renovables en España pasara de ocupar el primer puesto mundial en crecimiento, en liderazgo industrial y “know how”, en exportación de tecnologías, bienes y servicios, a encontrarse con un bloqueo regulatorio y económico que llevó a la destrucción y parón en seco del sector, con el posterior “impuesto al sol”.

Entre otras medidas ruinosas que se promovieron durante la burbuja, y bajo unas previsiones de demanda sobre infladas, figuran la construcción de aeropuertos sin aviones y autopistas radiales sin tráfico de vehículos.

Soto puntualizó que la reconstrucción económica y social no puede ser un retorno al status quo y abundó que ahora toca poner a las personas y el planeta en el centro.

“Necesitamos un impulso renovado a la transición energética, la descarbonización de la economía, cambios profundos en las cadenas de valor, con nuevos objetivos en los sistemas de transporte, financiero, agroalimentario”, aseveró.

Remarcó que el dinero público debe ser invertido para comenzar una transformación hacia una sociedad en los que haya cuidado hacia las personas en el marco de la asunción de los límites planetarios y el justo reparto de los recursos.

“Si la actual crisis nos está enseñando algo es la importancia de disponer de un buen sistema de salud público, el papel estratégico de colectivos y sectores antes marginados en presupuestos y políticas y hoy ensalzados por sostener a la población durante la crisis”, anotó.

Por eso, Greenpeace valora positivamente las medidas de choque tomadas por el gobierno en los últimos días para amortiguar el golpe en los trabajadores, empresas o los alquileres de las viviendas, y considera necesario cuanto antes la aprobación de un ingreso mínimo vital que garantice la seguridad a todas las personas.

Consideró positivo, aunque todavía insuficiente, que se impida la interrupción de suministros energéticos y de agua en todos los hogares mientras se prolongue el estado de alarma.