Aval de relator de ONU frente a crisis socioambiental

CDMX.- La visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, a la península de Yucatán, en el marco de su visita oficial a México, responde a la gravedad de la crisis socioambiental que atraviesa la región y que ha sido denunciada de manera persistente por comunidades, organizaciones y otros colectivos, y que es el resultado de años de imposición de un modelo extractivista de explotación de los ecosistemas, la cultura y el territorio.

La península no enfrenta problemáticas aisladas, sino una crisis estructural que ha colocado a sus territorios y comunidades, particularmente al pueblo maya, en condiciones de vulneración sistemática de sus derechos. Que un Relator de Naciones Unidas haya centrado su atención en esta región confirma lo que los pueblos han denunciado durante años: la península de Yucatán se ha convertido en un foco crítico de degradación ambiental, despojo territorial y afectaciones a la salud, sostenido bajo una narrativa de desarrollo que ha ignorado sus costos sociales, ambientales y humanos.

Esta situación quedó claramente evidenciada el pasado viernes 20 de marzo, durante la declaración de cierre del Relator quien advirtió sobre los daños ambientales y las violaciones a los derechos del pueblo maya, como resultado del crecimiento descontrolado de las denominadas fábricas de animales. Señaló con preocupación que actualmente existen más de 500 granjas porcícolas en las inmediaciones de tierras y territorios indígenas, la mayoría sin autorizaciones ambientales ni procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Estas instalaciones algunas con capacidades de hasta 50 mil cerdos, se han establecido en comunidades de aproximadamente 1,500 habitantes, generando impactos desproporcionados y sistemáticos.

En esa línea Marcos Orellana destacó que estas operaciones producen grandes cantidades de excretas y aguas residuales contaminadas con hormonas y antibióticos, cuya infiltración resulta particularmente grave debido al suelo kárstico y la alta interconexión de los mantos acuíferos en la región.

Asimismo, advirtió que:

La descarga continua de desechos en cuerpos de agua, sobre todo dentro del Anillo de Cenotes (sitio Ramsar), vulnera los derechos al agua, a la salud y al medio ambiente sano. Las granjas generan emisiones significativas de metano, un contaminante climático de vida corta mucho más potente que el dióxido de carbono.

Las soluciones promovidas, como los biodigestores, no resuelven el problema estructural, sino que generan efectos nocivos al aparentar control mientras la contaminación persiste y se agrave.

Persiste una falta de transparencia, así como procesos de deforestación y criminalización de personas defensoras del territorio.

A nivel comunitario, los impactos son cotidianos y acumulativos: olores fétidos permanentes, plagas de moscas, ruido constante y contaminación del agua y del aire, condiciones que las comunidades han soportado durante años.

En materia de salud, el Relator documentó una situación alarmante: el agua de pozos tradicionales ya no es apta para consumo humano, obligando a las comunidades a recurrir a la compra de agua embotellada. Sin embargo, existen evidencias de que incluso el agua embotellada contiene residuos de plaguicidas como el glifosato.

Esta situación, que afecta la salud de quienes habitan la península, no ha sido debidamente atendida por las autoridades, ya ya que no existe un monitoreo oficial suficiente sobre enfermedades asociadas a la contaminación. Mientras tanto, las comunidades reportan un incremento significativo de casos de cáncer, particularmente en Campeche.

El Relator también expresó su preocupación por el uso intensivo de plaguicidas altamente peligrosos, como glifosato, fipronil y neonicotinoides, así como por los efectos del monocultivo. Estas prácticas han provocado, entre otros impactos, la muerte masiva de abejas, afectando no solo los ecosistemas, sino también el sustento, la salud y la cultura de las comunidades apícolas.

En este contexto, hizo un llamado al Estado mexicano a implementar medidas coordinadas e interinstitucionales, garantizando procesos de participación efectivos donde las comunidades cuenten con información completa y accesible sobre los impactos a la salud y al medio ambiente.

El Relator subrayó que una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental permitiría movilizar recursos y articular una política pública integral orientada a la reparación del daño y la no repetición, respaldando así la demanda que desde 2024 han impulsado pueblos mayas y colectivos para que la península de Yucatán sea declarada zona de emergencia socioambiental. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha respondido a esta solicitud.

Exigencias

Ante este reconocimiento internacional, exigimos a los tres niveles de gobierno:

1. Emitir de manera inmediata la Declaratoria de Emergencia Socioambiental en la península de Yucatán.

2. Establecer una Mesa de Emergencia Socioambiental Peninsular, con participación directa de los pueblos mayas, organizaciones civiles y la academia.

3. Suspender las operaciones y nuevas autorizaciones de proyectos extractivos, agroindustriales, inmobiliarios y de infraestructura que generen daños ambientales y violaciones a derechos humanos.

4. Asegurar el derecho a la consulta indígena conforme a estándares internacionales. 5. Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, es decir, acceso a agua limpia, segura y libre de contaminantes.

6. Implementar un sistema integral de monitoreo epidemiológico sobre los efectos de sustancias tóxicas.

7. Detener la criminalización de personas defensoras del territorio y garantizar su protección. 8. Reforzar de manera efectiva los mecanismos de supervisión, fiscalización y transparencia ambiental.

9. Implementar programas de restauración ecológica y de salud comunitaria, con recur estatales y federales.

10. Garantizar el derecho a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

11. Respetar la libre determinación y autonomía del pueblo maya, incluyendo la decisión de declarar sus territorios libres de megaproyectos.

12. Reparación de daños ambientales, económicos y sociales a las comunidades y personas afectadas por las agroindustrias

13. Reconocimiento de la vulnerabilidad del territorio y acuífero kárstico a la contaminación y la sobreextracción.

14. Actualización del marco jurídico ambiental ante la apertura gubernamental de más megaproyectos a la península de Yucatán y contaminantes emergentes sin regulación.

El pronunciamiento del Relator de la ONU confirma lo que los pueblos y comunidades envenenadas de la península han denunciado durante años: existe una crisis socioambiental estructural que requiere una respuesta urgente, integral y con enfoque de derechos humanos.

Reiteramos las palabras de un joven maya, recuperadas por el Relator durante su visita a Hopelchén, Campeche: “Hov recordamos que la paz no es ausencia de guerra; hoy decimos que paz es poder respirar aire limpio, tener comida sana, tomar agua limpia. Paz es permanecer con nuestra familia, paz es sentirnos orgullosos de nuestra identidad.”

Sin respeto por el territorio, sin justicia social y ambiental, no hay paz para los pueblos.

Firman:

Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal A. C.

Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

Subcomisaría municipal, Comisariado ejidal y Consejo comunitario maya de Santa María Chí

Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Dr. Rodrigo Llanes Salazar

Dra. Yameli Aguilar Duarte

Red de Pueblos Mayas contra la Minería, firman los pueblos mayas de Hotzuc, Xcucul Sur, Tebec, San José Tzal y Yaxcopoil

Consejo maya del poniente “Chik’in Já”

Contraloría Comunitaria del Agua “Tumben-Ha” de Sitilpech