Jesús Mejía
Mérida, Yucatán.- Representantes legales de 17 comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, urgieron a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver el amparo relacionado con la contaminación del agua por plaguicidas que afecta a poblaciones de la región de Los Chenes, zona limítrofe con Yucatán y Quintana Roo.
Asesores jurídicos y habitantes del municipio —ubicado al oriente del estado— solicitaron además desechar el proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos González, programado para discutirse este jueves 26 de marzo, al considerar que retrasaría la resolución del caso.
Durante una conferencia virtual realizada desde la Ciudad de México, representantes comunitarios insistieron en la necesidad de que el máximo tribunal resuelva el amparo promovido desde 2020, derivado de la exposición a residuos de plaguicidas clasificados como altamente peligrosos.
“A pesar de reconocer las múltiples omisiones del Juez Primero de Distrito en Campeche, la ministra propone devolver el expediente para reponer el procedimiento y emitir una nueva sentencia, en lugar de que la SCJN atienda directamente la grave situación de contaminación que enfrentan las comunidades mayas”, señalaron.
En la demanda, las comunidades acusan a diversas autoridades de incurrir en omisiones y violaciones a sus derechos, entre ellas la falta de información sobre la calidad del agua, la ausencia de monitoreo de residuos de plaguicidas en el acuífero y en pozos destinados al consumo humano.
Asimismo, denunciaron el uso extendido de plaguicidas altamente peligrosos en territorios de población mayoritariamente indígena, sin controles ni medidas adecuadas, lo que implica riesgos a la salud por exposición prolongada.
Entre las autoridades señaladas se encuentran la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otras.
Las comunidades indicaron que diversos estudios —incluida información pública— han documentado la presencia de residuos de plaguicidas en el acuífero peninsular, en agua de pozos para consumo humano e incluso en muestras biológicas como sangre y orina de habitantes. En varios puntos de Hopelchén, añadieron, la calidad del agua ha sido considerada no apta para uso y consumo humano.
Recordaron que en mayo de 2025 la SCJN decidió atraer el amparo en revisión, al considerar la relevancia del caso en materia de derecho humano al agua, medio ambiente sano y derechos de los pueblos indígenas.
No obstante, advirtieron que el proyecto de sentencia plantea devolver el expediente al juzgado de origen para reponer el procedimiento, recabar más pruebas y emitir una nueva resolución.
“Esto implica evadir el fondo del problema que enfrentan las comunidades mayas e ignora la urgencia de atender la política en materia de plaguicidas”, afirmaron.
La exigencia está respaldada por más de 17 mil firmas recabadas a través de la plataforma Change.org.
